Vox salió de las elecciones andaluzas con 15 escaños, uno más que en 2022, y puso de inmediato el foco sobre Juanma Moreno. El presidente de la Junta quedó con cinco diputados menos que hace cuatro años y a dos de los 55 necesarios para la mayoría absoluta en el Parlamento de Andalucía.
Ese resultado deja a Moreno sin una investidura cómoda y le obliga a buscar el apoyo de Vox si quiere seguir al frente del Gobierno autonómico. En público, la formación de Ignacio Garriga evitó hablar de sillones y prefirió hablar de condiciones: su objetivo, dijo, es “condicionar” al líder del PP andaluz, “respetando la «proporcionalidad» de las urnas”.
La noche electoral, Vox celebró haber alcanzado esos 15 asientos para Manuel Gavira, una cifra que la dirección interpreta como refuerzo de su peso en la negociación. El propio Moreno, sin embargo, trató de restarle dramatismo al resultado y sostuvo que “El resultado nos da margen de maniobra para gobernar en solitario en Andalucía”.
El contraste entre ambos mensajes marca el pulso político de este lunes. Moreno intenta vender estabilidad y autonomía, mientras Vox explota su capacidad de influencia después de haber subido un escaño respecto a 2022. La suma, en la práctica, mantiene abierta la llave de la investidura en manos de un partido que ya ha dejado claro que no piensa regalar su abstención.
Antes de conocer los resultados, Vox ya había descartado abstenerse para facilitar la investidura de Moreno, y tampoco ha confirmado si pedirá cargos en el próximo Gobierno andaluz. Garriga insistió en que la discusión no gira alrededor de puestos, sino de políticas, con una frase que resume la estrategia del partido: “Frente a sillones, políticas”.
Fuentes próximas a Vox señalan que el siguiente paso será hablar de programas concretos y medir hasta qué punto entra la llamada “prioridad nacional” en el futuro Ejecutivo andaluz. El plan, además, no es nuevo: la formación asegura que está siguiendo en Andalucía el mismo patrón que aplicó en Extremadura y Aragón, y que prevé repetir pronto en Castilla y León.
En marzo, Santiago Abascal confirmó que Vox entraría en los gobiernos de Extremadura, Aragón y Castilla y León, una decisión que dejó claro cómo entiende el partido su papel cuando tiene la llave de una mayoría. Andalucía abre ahora una negociación de otro tipo, pero con un punto en común: Vox quiere convertir sus escaños en poder de veto antes de hablar de compartir despachos.
La aritmética parlamentaria hace que el movimiento tenga consecuencias inmediatas. Con dos diputados de distancia respecto a la mayoría absoluta, Moreno puede intentar gobernar en solitario, pero no puede asegurar su investidura sin que Vox se mueva. Y Vox ya ha dicho cuál será su movimiento: no facilitar gratis la continuidad del presidente, sino obligarlo a pagar el precio político de sus votos.
La pelea real, a partir de ahora, no será por quién ganó la noche electoral, sino por qué condiciones aceptará el futuro gobierno andaluz para nacer. Ahí es donde Vox cree tener la ventaja, y donde Moreno tendrá que decidir hasta qué punto está dispuesto a negociar para no convertir una victoria insuficiente en un bloqueo institucional.
