La administración de Jenniffer González enfrenta una presión creciente para convertir las fallas del agua potable en una prioridad inmediata. Comunidades de San Juan, Bayamón, Corozal y otros municipios arrastran interrupciones y deficiencias que ya dejaron de ser esporádicas, y el Senado puso fecha para exigir respuestas: el 17 de junio.
Ese día, Luis González Delgado, presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, deberá comparecer ante una Comisión Total. La citación llega después de meses de quejas en San Juan, donde las deficiencias del servicio se han prolongado, y de episodios como el de una comunidad de Corozal que pasó una semana completa sin agua potable. La presión política ya escaló al punto de llevar el caso a los tribunales.
Miguel Romero fue uno de los que dio ese paso. El alcalde de San Juan llevó sus reclamos a la corte, y el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, hizo lo mismo. Ambos movieron el conflicto fuera de las oficinas de la AAA porque el problema dejó de parecer una avería aislada y empezó a sentirse como una falla sostenida del sistema. Esa decisión refleja la magnitud de la molestia en los municipios, donde los residentes cargan con cortes, esperas y falta de certeza sobre cuándo volverá el servicio.
González Delgado ha atribuido la crisis a la falta de mantenimiento de pasadas administraciones. Romero, en cambio, dice que el problema de la AAA es de gerencia. La discusión no es menor: mientras una versión apunta a rezagos heredados, la otra cuestiona la capacidad de conducción de la agencia en el presente, justo cuando la gobernación necesita mostrar resultados rápidos en un servicio básico que afecta la vida diaria.
La urgencia del agua se entiende mejor porque no llega sola. Puerto Rico lleva una década lidiando con el colapso de su red eléctrica, y el texto liga ambos problemas como parte de una misma fragilidad en los servicios esenciales. La economía, la imagen para invertir, la rutina cotidiana y hasta el ánimo colectivo ya han sufrido por esa inestabilidad; por eso ahora la expectativa es que el suministro de agua se regularice sin perder de vista el frente energético.
Lo inmediato es la vista del 17 de junio. Si la AAA y el gobierno llegan sin medidas operacionales claras ni un calendario convincente, el reclamo por agua dejará de ser solo una molestia pública y pasará a ser una prueba abierta de si la administración González puede sostener lo básico.
