El Tribunal Supremo de Puerto Rico aceptó este jueves una queja por un posible conflicto ético contra Verónica Ferraiuoli, mientras la funcionaria negó haber incurrido en conducta indebida y defendió su actuación en el caso vinculado al doctor Víctor Ramos.
Ferraiuoli rechazó “cualquier alegación de conducta indebida” y sostuvo que, cuando fue nombrada secretaria de Estado, pidió al Tribunal Apelativo permiso para renunciar a la representación de Ramos. Dijo que esa petición fue aceptada y que su nombre siguió apareciendo en el expediente del Tribunal de Distrito solo porque el sistema la mantenía en el récord histórico del pleito radicado en 2022.
La controversia gira en torno a una representación legal que comenzó antes de que Ferraiuoli ocupara altos cargos públicos. En 2022, ella figuraba como abogada del Colegio de Médicos y Cirujanos, entidad que entonces presidía Ramos, en una demanda presentada por la doctora Priester ante el Tribunal de Distrito federal para el Distrito de Puerto Rico. Priester alegó violaciones de derechos civiles después de ser sancionada por comentarios sobre la respuesta del gobierno a la pandemia de COVID-19.
La presión sobre Ferraiuoli se intensificó porque, tras asumir funciones públicas, incluido en ocasiones el cargo de gobernadora interina, continuó vinculada a la representación de Ramos sin pedir una dispensa, según documentos divulgados por el periodista Rafael Lenín López. Esos registros abrieron la puerta a preguntas sobre si existía o no un conflicto entre sus obligaciones privadas y sus responsabilidades en el gobierno.
En medio de ese señalamiento, la Oficina de Prensa Judicial confirmó que existe una queja activa contra Verónica Ferraiuoli Hornedo y recordó que su contenido es confidencial bajo la Regla 14 del reglamento del Tribunal Supremo. La decisión del alto foro de aceptar la denuncia no supone una conclusión sobre el fondo, pero sí coloca el asunto formalmente bajo revisión disciplinaria.
Jean Peña Payano, por su parte, dijo que lo importante es que Ferraiuoli renunció a esa representación a nivel apelativo “hace más de un año” y que el Tribunal Apelativo federal acogió la solicitud. Su versión contradice la insinuación de que la relación profesional seguía viva cuando la funcionaria ya desempeñaba cargos incompatibles con esa labor.
Ferraiuoli, que no fue confirmada como secretaria de Estado, dejó claro en sus declaraciones escritas que no acepta que se le atribuya una falta ética. El caso ahora queda en manos del proceso confidencial del Supremo, en un momento en que cualquier duda sobre la separación entre funciones públicas y representación privada pesa más que la explicación que ella ha ofrecido.
