Por orden de la gobernadora Jenniffer González Colón, el Departamento de Transportación y Obras Públicas dejó sin efecto las cartas con las que buscaba sacar a vendedores ambulantes de las orillas de la PR-129 y la PR-100. La decisión frena por ahora los desalojos en esas dos vías estatales, aunque la agencia insistió en que eso no equivale a permiso para ocupar el derecho de vía.
La reversión impacta una medida que había avanzado contra negocios levantados junto a carreteras donde ya se habían removido estructuras. En la PR-129, que va de Arecibo a Lares, y en la PR-100, en Cabo Rojo, el DTOP había actuado dentro de procesos ligados a obras de infraestructura; en ambos casos, las estructuras retiradas eran mayormente de venta de verduras y artesanías.
La orden llega en un momento en que el tema volvió a tomar fuerza porque el gobierno detuvo una acción ya ejecutada y cambió de inmediato la situación de quienes dependían de esos puntos de venta. El DTOP dijo que la medida le permite revisar los reglamentos, las bases legales y los procedimientos aplicables al uso del derecho de vía estatal, además de coordinar con los municipios la identificación de alternativas viables.
La agencia también vinculó el tema con los trabajos que se hacen en cada carretera: repavimentación en la PR-129 y ensanche en la PR-100 para mejorar la seguridad vial y el flujo vehicular. A la vez, subrayó que tiene la responsabilidad de proteger la seguridad en las carreteras estatales y velar por el uso adecuado del área bajo su jurisdicción, una línea que dejó intacta incluso después de dejar sin efecto las cartas.
Ahí está la parte que no desaparece con la reversión. El DTOP aclaró que la decisión no autoriza a ocupar el derecho de vía estatal, de modo que el alivio para los vendedores ambulantes es real pero limitado: la agencia pausó la remoción, no cambió su criterio sobre el uso de esas franjas de terreno.
En el caso de Pedro “Pello” Santiago, la carta emitida en la PR-7722 responde a circunstancias distintas y seguirá bajo evaluación conforme a la reglamentación aplicable. La agencia dijo que tomará en consideración la seguridad vial, el acceso y el uso adecuado de las áreas bajo jurisdicción estatal. Para Santiago, y para cualquier otro vendedor que mire ahora esas orillas como salida, la duda ya no es solo si la carta queda sin efecto, sino qué alternativa concreta ofrecerán el DTOP y los municipios cuando terminen su revisión.
