La batalla judicial por el rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas, aprobado por el Consejo de Ministros el 9 de marzo de 2021 por 53 millones de euros, ha dado un nuevo salto y ahora apunta a todos los miembros del gabinete que participaron en aquella reunión. Luis María Pardo, al frente de la iniciativa, dijo que su equipo trabaja en una querella contra “all and each one” de los integrantes de aquel Consejo de Ministros y anunció que el 2 de junio pedirán prisión provisional para José Luis Rodríguez Zapatero por riesgo de fuga.
Pardo sostuvo que Zapatero está imputado por presunta organización criminal, falsedad documental y tráfico de influencias, en un caso que ha vuelto al centro del debate político, judicial y legal en las últimas semanas. La ofensiva se apoya en la tesis de que la investigación puede extenderse a quienes participaron en la decisión colectiva si el rescate se basó en informes falsos, datos manipulados o presiones políticas ilegítimas, una vía que encaja con el posible delito de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal.
El rescate de Plus Ultra fue uno de los expedientes más discutidos de la pandemia por el perfil de la aerolínea, que fue descrita en el propio debate como una compañía con poca cuota de mercado, un solo avión y sin actividad relevante. Esa lectura ha alimentado durante años la sospecha sobre por qué el Gobierno decidió inyectar 53 millones de euros a una empresa que, para sus críticos, no justificaba esa magnitud de apoyo público.
Pedro Sánchez defendió entonces la operación con una fórmula rotunda: dijo que existía “absoluta colaboración con el juzgado y absoluta confianza en que el expediente no solamente es transparente, sino que se rige con todas las exigencias jurídicas, transparencias de concurrencia”, y añadió que había “total pulcritud por parte del Gobierno de España en esta cuestión”. María Jesús Montero fue aún más directa al describir a la compañía como “relevante y estratégica por el nicho de mercado que ocupa”, y afirmó que todo se hizo conforme a la legalidad.
Pero esa versión choca ahora con el nuevo impulso de las acusaciones, que no se limitan a revisar el expediente, sino que buscan responsabilizar a quienes votaron la ayuda en bloque. La querella prevista no solo pone bajo escrutinio la decisión del 9 de marzo de 2021, sino también el modo en que se tomó: si hubo informes erróneos, si se alteraron datos o si la presión política contaminó una resolución que se presentó como técnica.
El calendario ya marca el próximo golpe de efecto. El 2 de junio, según Pardo, su equipo pedirá prisión provisional para Zapatero. Hasta entonces, el caso seguirá girando alrededor de la misma pregunta que lo persigue desde el inicio: si el rescate fue una decisión legítima de Estado o una actuación que, por cómo se construyó, puede acabar sentando en el banquillo a todo un Consejo de Ministros.
