José Luis Rodríguez Zapatero ha sido citado como investigado para el próximo 2 de junio en la causa sobre el caso Plus Ultra, en una investigación que le atribuye presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. La fecha ya ha puesto otra vez bajo foco un expediente que mezcla rescate público, sospechas de uso irregular de fondos y una batalla política y mediática que no afloja.
La citación llega después de que el programa Mañaneros 360, de TVE, optara por no detenerse en la gravedad de los hechos bajo examen y por centrar su atención en desacreditar el origen de la denuncia. Javier Ruiz dedicó varios minutos a cuestionar la querella y la información que sostuvo la investigación judicial abierta en la Audiencia Nacional, y presentó el caso como una construcción débil apoyada en testimonios y publicaciones de prensa. En un momento del tramo, lanzó una frase que resumía esa línea: “Pero la base, la base y el origen de esta investigación es lo”.
El asunto hunde sus raíces en el rescate de 53 millones de euros concedido en 2021 a Plus Ultra Líneas Aéreas por el Gobierno a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la SEPI. Desde el principio, varios partidos y organizaciones cuestionaron si la aerolínea reunía las condiciones para ser considerada estratégica para la economía española. Una denuncia de Vox llevó a un juzgado de Madrid a abrir diligencias por un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda, y el procedimiento pasó después por fases de bloqueo temporal, archivo y reapertura parcial.
La Fiscalía Anticorrupción también investigó si parte de esos fondos pudo desviarse o acabó vinculada a presuntas operaciones de blanqueo con conexiones en España, Francia y Suiza. Ese hilo es el que ha seguido ahora la causa que instruye el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, bajo la jueza Esperanza Collazos, y que la fuente sitúa como una pieza separada del rescate de 2021. La diferencia no es menor: mientras una parte del caso nació del debate sobre la ayuda pública, la nueva línea apunta a movimientos posteriores del dinero y a una posible trama más amplia.
El 11 de diciembre de 2025, la UDEF de la Policía Nacional detuvo a Julio Martínez y Roberto Roselli tras registrar la sede de la empresa. En esas pesquisas se incluyeron la incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos societarios, un paso que marcó la entrada del procedimiento en una fase más dura. La investigación judicial sigue ahora esa pista con el foco puesto en el manejo interno de la compañía y en la posible deriva de los fondos que justificaron el rescate.
Lo que más pesa hoy no es solo la comparecencia de Zapatero, sino el contraste entre la dimensión judicial del caso y el intento de rebajarla en el terreno televisivo. La causa avanza ya con nombres, fechas y registros, mientras el debate público vuelve a dividirse entre quienes ven en el expediente un ejemplo de arbitrariedad en el rescate y quienes buscan desactivar la investigación poniendo en duda su punto de partida.
