Ángel Simón pidió a José Vicente de los Mozos que presente su dimisión de inmediato y abrió una nueva crisis en el consejo de administración de Indra, la compañía española de defensa participada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Según fuentes próximas a la empresa, el nuevo presidente le comunicó que no contaba con él para la nueva etapa y le instó a abandonar su puesto como consejero delegado y a negociar su salida del grupo.
La decisión llegó mientras De los Mozos seguía siendo el número dos del grupo y con su mandato todavía vigente hasta el 30 de junio. La compensación que se baraja para su marcha ronda los 20 millones de euros, una cifra que da dimensión al choque en una empresa en la que cada movimiento en la cúpula tiene lectura política y empresarial. La noticia se conoció en la misma jornada en que el cambio de poder volvió a poner a Indra en el centro de la atención del mercado y del Gobierno.
La secuencia ayuda a entender por qué la crisis estalló ahora. Simón fue nombrado presidente de Indra el 2 de abril y, en su presentación de resultados del primer trimestre, dijo que seguiría al frente de la compañía si “el consejo y la junta general de accionistas así lo deciden”. La frase dejaba claro que su puesto era institucional y no ejecutivo, pero también que el nuevo esquema de poder estaba todavía en construcción. De hecho, ya había encargado a la firma Seeliger y Conde la búsqueda de directivos para reforzar la alta dirección y la semana pasada nombró a Ciril Rozman, su hombre de confianza y antiguo colaborador durante casi dos décadas en Agbar, como director de su oficina.
El choque con De los Mozos venía de antes. A finales de febrero, Pedro Sánchez se reunió con él en Barcelona y le trasladó que los hermanos Escribano dejarían Indra pronto y que él sería el máximo responsable del negocio. Poco después, Ángel Escribano presentó su dimisión como presidente en la madrugada del Jueves Santo, tras dos choques con Manuel de la Rocha en Moncloa, y su salida, junto con la llegada de Simón, fue posible gracias al voto de Javier Escribano. La familia Escribano, que controlaba el 14% de Indra antes de vender esa participación hace unas semanas, también era propietaria del 100% de su empresa familiar.
En ese contexto, Simón dijo a De los Mozos que la decisión había sido tomada por Manuel de la Rocha, jefe de Asuntos Económicos en la Presidencia del Gobierno, extremo que el directivo intentó comprobar después con personas cercanas a la SEPI. Moncloa había concedido a De los Mozos plenos poderes ejecutivos alrededor de mes y medio antes, un respaldo que ahora queda severamente cuestionado por la orden de apartarlo. También pesa el antecedente del intento de fusión con Escribano Mechanical & Engineering, valorado en unos 2.000 millones de euros, operación que De los Mozos apoyó al principio pero a la que después puso numerosas objeciones por el evidente conflicto de interés que implicaba que la familia Escribano fuera a la vez compradora y vendedora.
La tensión no termina con la petición de dimisión. De los Mozos sigue formalmente en su cargo, pero el movimiento de Simón deja a la dirección de Indra ante una negociación incómoda y con coste potencialmente millonario. Si el consejo respalda el relevo, la crisis quedará resuelta solo en apariencia; si no lo hace, la compañía afrontará un pulso interno con derivadas en Moncloa, en SEPI y en la propia estructura de poder de una empresa estratégica para el Estado.
