La Audiencia Nacional ha suspendido la declaración del Real Casa de Correos como Lugar de Memoria Democrática, una medida adoptada por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática el pasado octubre y que el Gobierno de la Comunidad de Madrid había pedido frenar. El tribunal acordó la suspensión cautelar mientras sigue abierto el procedimiento y pesa todavía un conflicto positivo de competencias pendiente ante el Tribunal Constitucional.
La resolución afecta al edificio que hoy es la sede del Gobierno regional en Madrid y que fue ligado en la declaración a su antiguo uso como Dirección General de Seguridad durante la dictadura franquista. Los magistrados concluyeron que no puede descartarse un perjuicio para la imagen institucional de la Presidencia de la Comunidad de Madrid ni para las actividades que se desarrollan en el inmueble. En uno de los pasajes clave, la sala advirtió que “no puede afirmarse de forma categórica que la imagen de la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid pueda sufrir un menoscabo irreversible, pero sí puede afirmarse que no es posible negar de forma categórica dicha incidencia negativa”.
El auto añade que las actividades previstas en el edificio “exceden de lo que el Acuerdo impugnado denomina 'oficinas administrativas' (SIC), obviando la ubicación, precisamente en ese espacio, de la Sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid”, y recuerda que el propio acuerdo contemplaba la colocación de placas o de un distintivo memorial interpretativo. Para la sala, el choque enfrenta dos intereses públicos, el del Estado y el de la comunidad autónoma, aunque aprecia una especial intensidad en el segundo por el posible perjuicio “irreversible, o intenso” que podría causar la ejecución del acuerdo.
La decisión no resuelve el fondo del caso, pero sí congela por ahora uno de los choques institucionales más persistentes entre el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y el Ejecutivo madrileño desde que comenzó el proceso de declaración. El tribunal subraya además que la suspensión no afecta al interés general mientras el expediente siga su curso y que la decisión que adopte el Constitucional tendrá una incidencia especial en este procedimiento. En otro pasaje, la sala dice que la suspensión procede “sin género de duda” por la relevancia de ese conflicto competencial pendiente.
Hubo un solo voto discrepante. Ese magistrado sostuvo que los hechos históricos que motivaron la declaración se produjeron cuando la institución actual todavía no existía. En su razonamiento, remarcó que recordar episodios negativos de la historia de España no pretende desmerecer otros valores del edificio, ni hacer un juicio de desvalor sobre la acción de gobierno de las instituciones autonómicas. Con esa división interna y una batalla jurídica aún abierta, el futuro del reconocimiento memorial del Real Casa de Correos queda ahora supeditado al Constitucional y a la resolución definitiva del pleito administrativo.
