Salvador Sostres aprovechó el trigésimo aniversario de la investidura de José María Aznar para lanzar una tesis incómoda dentro del debate sobre Cataluña: el expresidente fue, a su juicio, el dirigente que más cedió al nacionalismo catalán para llegar al poder. Su repaso no se quedó en una consigna política. Enumeró decisiones concretas que, según él, marcaron una relación de concesiones que todavía pesa en la discusión pública española.
Sostres presentó a Aznar como el presidente que más dio a Cataluña. Recordó que, a petición de Jordi Pujol, abolió los gobernadores civiles y el servicio militar obligatorio, transfirió las competencias de tráfico a la Generalitat y abrió la puerta a que los Mossos d'Esquadra se desplegaran en las carreteras catalanas mientras la Guardia Civil de Tráfico se retiraba de forma gradual. También señaló que modificó el sistema de financiación para que las comunidades recibieran el 30 por ciento de la recaudación del IRPF. A eso sumó un dato político que, en su lectura, define aquella etapa: durante sus ocho años en el poder no cuestionó la inmersión lingüística.
La memoria de ese ciclo vuelve ahora porque el aniversario no solo mira hacia atrás. Sostres recordó que en 2000 Aznar ganó el apoyo de CiU prometiendo reforzar la obligación de usar el catalán en el ámbito oficial y educativo, y enlazó ese pacto con una frase que el entonces presidente había dicho cuatro años antes: que hablaba catalán en privado. En su relato, la política hacia Cataluña no fue una anomalía de un solo momento, sino una línea sostenida para asegurar gobernabilidad, primero con gestos y después con compromisos explícitos.
Ese balance llega en un momento en que el conflicto territorial sigue abierto y atraviesa una nueva discusión sobre indultos y amnistía. Sostres escribió que el Gobierno actual solo ha ofrecido a los separatistas alivio de castigo por un golpe contra el Estado, y sostuvo que ese golpe nunca habría sido posible sin los Mossos y José Luis Trapero. También apuntó que, a la última vez que lo comprobó, Carles Puigdemont seguía fuera de España, mientras el juicio de los Pujol se esperaba para ser visto para sentencia esta semana. El contraste que traza no es casual: enfrenta la política de cesiones de Aznar con la posterior negativa de Mariano Rajoy a conceder un concierto económico a Artur Mas y su decisión de aplicar el artículo 155 para intervenir la autonomía tras detener el intento de secesión.
La lectura de Sostres deja una conclusión clara sobre el pasado y una incógnita sobre el presente: España sigue discutiendo, décadas después, si la gobernabilidad en Cataluña se construyó cediendo poder o frenando el desafío institucional. Y la respuesta, de momento, sigue dividiendo a quienes aún miden la política catalana por las concesiones que la hicieron posible.
