La dirigencia estatal del PAN en Puebla presentó denuncias contra Gerardo Mérida Sánchez ante la Fiscalía del estado y la Secretaría de la Defensa Nacional, al pedir que se investigue su actuación cuando estuvo al frente de la XXV Zona Militar en la entidad. Mario Riestra Piña, presidente del comité estatal del partido, encabezó la presentación de los recursos y exigió que se esclarezcan posibles omisiones, encubrimiento o colusión con grupos criminales.
Riestra Piña pidió además que se inicie una carpeta de investigación y que se practiquen de manera exhaustiva todos los actos necesarios para el esclarecimiento de los hechos, incluida la recopilación, preservación y análisis de la información relacionada con el ejercicio de sus funciones. El PAN también solicitó que la Defensa abra indagatorias internas, administrativas, disciplinarias y de supervisión sobre el caso.
La ofensiva del partido se centra en el periodo en que Mérida Sánchez fue asignado a combatir al crimen organizado en Puebla. El PAN sostiene que debe revisarse si durante ese encargo hubo actos de omisión, ocultamiento o incluso colaboración con grupos delictivos, así como un posible uso indebido de funciones y facultades vinculadas con la seguridad pública y la seguridad nacional.
Las denuncias llegan en un momento en que el expediente de Mérida Sánchez ya aparece conectado con acusaciones más amplias del gobierno de Estados Unidos contra figuras mexicanas vinculadas al tráfico de drogas. El propio texto ubica al exmando militar entre los mexicanos señalados por Washington, en una narrativa que también menciona su paso posterior como titular de la Secretaría de Seguridad de Sinaloa.
La referencia no es menor porque la acusación del Departamento de Justicia estadounidense lo nombra como colaborador de la facción de Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa. En el mismo paquete de señalamientos, el artículo dice que el gobierno de Estados Unidos pidió la detención provisional con fines de extradición de Rubén Rocha Moya y de otros nueve funcionarios estatales.
Ese contexto da a las denuncias del PAN un doble alcance: uno penal, ante la Fiscalía poblana, y otro castrense, ante la Defensa. El partido no solo busca que se revise lo ocurrido durante la estancia de Mérida Sánchez en Puebla; también pretende que la institución militar examine si hubo fallas o conductas indebidas en una plaza considerada clave por su papel en el combate al crimen organizado.
El caso deja a Mérida Sánchez bajo presión en dos frentes y abre una pregunta más incómoda para las autoridades que lo designaron y supervisaron: si su desempeño en Puebla amerita una revisión a fondo, la respuesta no puede limitarse a una defensa burocrática ni a una explicación tardía.
