Contraloría General de la República detectó irregularidades en el Censo 2024 del Instituto Nacional de Estadísticas y dejó al INE frente a una auditoría que ya tiene consecuencias administrativas y posible arista penal. Entre los hallazgos más graves, el organismo concluyó que la institución contrató a 16 censistas con antecedentes criminales y a 14 personas extranjeras que no estaban autorizadas para trabajar en Chile.
La publicación del informe, hecha este miércoles 10 de junio de 2026 a las 15:32, explica por qué el censo vuelve a instalarse hoy en la agenda pública. No se trata solo de un problema de planillas o contratos: el escrutinio alcanza a una operación estatal de alcance nacional, con 581 censistas sin registros de visita, pagos no acreditados y arriendos injustificados, señales de un control interno que no cerró donde debía.
El detalle de las contrataciones agrava el cuadro. Los 16 casos con antecedentes incluyen condenas por estafa, robo, hurto, lesiones y tráfico de drogas. En seis de ellos, los certificados presentados no reflejaban fielmente el historial penal; en los otros 10, Contraloría no pudo acreditar que el INE hubiera exigido el certificado de antecedentes antes de contratar. Esa diferencia importa porque muestra que el problema no fue solo quién ingresó al censo, sino cómo se permitió que ingresara.
La misma revisión detectó que los 14 trabajadores extranjeros no tenían, al 31 de diciembre de 2023, residencia permanente, temporal o en trámite que los habilitara a trabajar legalmente en el país. Cinco habían sido antes residentes permanentes, temporales o transitorios, pero su permiso fue revocado por distintas razones, y uno de los casos terminó en expulsión administrativa. Para un operativo que debía levantar datos confiables del país, el hallazgo golpea la base misma de su credibilidad.
En paralelo, Contraloría advirtió un conflicto de interés evidente en una licitación de $1.700 millones adjudicada a Dittborn y Unzueta S.A., porque un exasesor del censo integró la comisión evaluadora y era al mismo tiempo representante legal de otra empresa que poseía el 60% de esa sociedad. El mismo informe sumó observaciones por pagos no acreditados y contratos de arriendo sin justificación, un patrón que sugiere fallas más amplias que una selección mal hecha de personal.
Tras remitir los antecedentes al Ministerio Público, Contraloría dejó en manos del organismo persecutor la decisión de abrir una o más investigaciones penales. En paralelo, ordenó al INE iniciar un procedimiento disciplinario dentro de 15 días desde la notificación. Lo que sigue ahora es saber qué funcionarios aprobaron esas contrataciones y si la responsabilidad terminará en sanciones administrativas o en una investigación criminal más amplia.
