El Ministerio de Transporte detectó pagos pendientes por cerca de 30.000 millones de pesos tras una auditoría al Estado, una cifra que el subsecretario Martín Mackenna redujo a 27.000 millones de pesos si el corte se hace a noviembre de 2025. El hallazgo golpea sobre todo a operadores del transporte regional, en un momento en que la cartera ya inició investigaciones administrativas y revisiones internas sobre el caso.
Mackenna dijo que las deudas corresponden a 111 contratos y servicios solicitados a distintos operadores de transporte en regiones del país. Según explicó, el problema se está regularizando con pagos hechos desde el presupuesto actual del ministerio, pero el proceso dejó al descubierto un desorden más amplio en la gestión financiera y contractual. “Nos hemos encontrado con pagos pendientes por aproximadamente 30.000 millones de pesos. Son 27.000 millones de pesos si uno hace el corte a noviembre del 2025, que son deudas con operadores principalmente del transporte de regiones”, señaló.
El subsecretario sostuvo que el tema ya había sido planteado durante las conversaciones de traspaso de mando con Juan Carlos Muñoz, y que en ese momento no se dimensionaba el alcance completo del atraso. También enmarcó el problema dentro de un cuadro que, dijo, se fue acumulando con el tiempo: “Es algo que suele ocurrir, porque no siempre por distintos trámites se logra pagar todo al cierre de cada año, pero en la medida que nos fuimos asumiendo el cargo y sentándonos también producto de la crisis de los combustibles con muchos de los operadores a nivel nacional, nos fuimos dando cuenta que el problema de flujo de caja de los operadores venía no solamente por el aumento de los combustibles, sino que por todos estos pagos pendientes”.
La detección se produjo en el marco de la operación “Inspección Total al Estado”, que ha puesto bajo examen distintos compromisos y saldos arrastrados por la administración pública. En este caso, la deuda se concentra en servicios de transporte regional, un área donde los pagos atrasados pueden tensionar la operación diaria de empresas pequeñas y medianas que dependen del flujo regular para sostener rutas y contratos. El caso recuerda otras discusiones sobre pasivos y ajustes fiscales, como el informe de finanzas públicas donde Quiroz acusó un error de deuda y subió la presión, aunque aquí el foco está en obligaciones contractuales no saldadas.
Mackenna añadió que el problema no termina en los pagos atrasados. Según dijo, también existe un no cobro de multas derivadas de procesos sancionatorios y un no cobro de boletas de garantía, lo que agrava el desorden administrativo que encontró la cartera. “Al final es un proceso administrativo que al estar desordenado, al no tener claro una buena gestión financiera y buena gestión de los contratos, se va desordenando y el desorden va creciendo y al final, me imagino que hay una dedicación muy fuerte como apagar incendios y van pasando por otras cosas contratos que siguen pendientes”, afirmó.
La frase resume el punto más delicado del caso: no se trata solo de una deuda acumulada, sino de una falla de control que dejó contratos sin cerrar, sanciones sin cobrar y garantías sin ejecutar. Por eso, el ministerio anunció investigaciones administrativas, sumarios y auditorías propias para revisar lo ocurrido, junto con una evaluación de responsabilidades tanto administrativas como potencialmente judiciales. “Hay que revisar las responsabilidades tanto administrativas como potencialmente judiciales”, dijo Mackenna, sin precisar plazos para cerrar esas diligencias.
El siguiente paso será determinar cuánto de ese monto puede regularizarse con el presupuesto vigente y cuánto de la cadena de fallas administrativas termina en responsabilidad individual. Para los operadores regionales, la pregunta ya no es si hubo atraso, sino cuánto tiempo más deberá pasar antes de que el Estado termine de ordenar una deuda que, según el propio ministerio, se fue acumulando a la vista de todos.
