La Tesorería General de la República empezó a embargar bienes raíces de deudores del CAE en Antofagasta, La Araucanía y Los Lagos, en una ofensiva de cobro que ya pasó de la advertencia a la ejecución. La medida, informada este jueves, abre la puerta a que el procedimiento siga en otras regiones del país en los próximos días.
El movimiento importa porque la cobranza ya no se limita a gestiones administrativas ni a la retención de activos financieros: ahora toca inmuebles y puede golpear directamente el patrimonio de quienes mantienen deudas estudiantiles impagas. En marzo, el Gobierno había redoblado los esfuerzos para incentivar el pago y, hasta ese momento, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, cifraba la cartera impaga del CAE en unos $4 billones.
La TGR explicó que estas acciones forman parte de sus medidas de recuperación de recursos fiscales contra deudores morosos del CAE. También recordó que ofrece convenios flexibles según los ingresos del contribuyente, una salida que busca facilitar la regularización sin llevar el caso a una etapa más dura del cobro. En paralelo, la institución sostuvo que el procedimiento puede continuar hasta el remate judicial del inmueble embargado si la persona deudora no inicia la regularización de su deuda estudiantil.
Ahí está la fricción de fondo: la Tesorería llama a ordenar la deuda y abre una vía de pago adaptable, pero al mismo tiempo deja claro que la presión puede escalar hasta la subasta judicial de la propiedad embargada. No dijo cuántos deudores ni cuántos inmuebles han sido alcanzados por ahora, un vacío que deja abierta la magnitud real de la primera ola de embargos.
Lo que viene es que la TGR espera extender estas medidas al resto del país en los próximos días. Si eso ocurre, el caso dejará de ser un foco regional y pasará a marcar una nueva etapa en la cobranza del CAE, con consecuencias patrimoniales concretas para miles de deudores morosos.
