Chile publicó este lunes 25 de mayo la Ley 21.819, una reforma que cambia la Ley 21.040 y fija el año 2035 como plazo máximo para completar el traspaso de la educación desde los municipios al sistema público local. La nueva norma pone el foco en la estructura, las funciones y el manejo de los Servicios Locales de Educación Pública, en un intento por ordenar una transición que aún seguía abierta.
La ley llega con más herramientas para la administración. Crea Oficinas Locales, autoriza a los SLEP a hacer contrataciones directas en infraestructura y en personal de reemplazo, y establece un Fondo para la Infraestructura Escolar destinado exclusivamente a construir, comprar, reponer, reparar, mantener y renovar los establecimientos que dependen de esos servicios. Ese fondo se financiará con recursos de la Ley de Presupuestos, aportes de gobiernos regionales y municipalidades, donaciones exentas de impuestos y la rentabilidad de sus propias inversiones; además, los bienes financiados o mantenidos con ese sistema, cuando estén destinados a la educación, serán inembargables.
La reforma también incorpora instancias de participación colectiva, como los Consejos Parvularios y la Conferencia de Directores, junto con nuevas estructuras de coordinación política: un Comité de Ministros y Mesas Ejecutivas Regionales encabezadas por los Delegados Presidenciales. En paralelo, los SLEP podrán pedir la creación de Oficinas Locales cuando existan riesgos para el servicio por dispersión geográfica, problemas de conectividad o grandes distancias de ruta, y el Ministerio de Educación deberá autorizarla cuando quede acreditada esa necesidad.
El trasfondo de la ley es claro: reforzar la gestión educativa y mejorar la administración del Sistema de Educación Pública. Pero el cambio más sensible es el plazo. Con 2035 como fecha límite y nuevas facultades para operar en terreno, la reforma deja menos margen para una transición lenta y más presión sobre el Estado para que el traspaso desde los municipios llegue, por fin, a término.
