El senador impulsó el proyecto Escuelas Protegidas, una iniciativa que busca enfrentar hechos de violencia en las escuelas con revisiones al ingreso, sanciones a quienes interrumpan las actividades académicas y restricciones sobre vestimentas asociadas a violencia, drogas o delitos. El texto también propone impedir que estudiantes condenados por delitos accedan a la gratuidad universitaria.
La propuesta llega en un momento de presión sobre la convivencia escolar. El propio texto sostiene que la violencia y la salud mental en los colegios son una preocupación creciente, y respalda ese diagnóstico con cifras del estudio ELPI 2024: 3 de 4 adolescentes chilenos muestran sintomatología de ansiedad o depresión, y 1 de cada 5 jóvenes de 14 años ha sufrido cyberbullying en el último año.
El proyecto pone el foco en la entrada a los establecimientos. Entre sus facultades figura la revisión de estudiantes al ingresar, una medida que también alcanzaría a niños con necesidades educativas especiales. Además, plantea habilitar castigos para quienes alteren las clases, en una señal de endurecimiento frente a conductas que, según sus impulsores, hoy desordenan la vida escolar.
Los datos que acompañan la iniciativa muestran por qué el debate se instaló ahora. Según antecedentes del Ministerio de Educación, las denuncias por convivencia ante la Superintendencia de Educación se han duplicado desde 2019 hasta la fecha y ya superan las 17.000, con el maltrato a estudiantes como principal motivo. En paralelo, la Ley Aula Segura rige desde 2018 y la Ley de Convivencia Escolar se sumó recién en 2026, dos marcos que, de acuerdo con el texto, no han cerrado el problema de fondo.
Ahí aparece la principal fricción del proyecto: mientras Escuelas Protegidas apuesta por más control y castigo, la otra línea de trabajo que se reconoce en el debate apunta a más recursos económicos, profesionales y apoyo pedagógico para los colegios. La nueva ley de convivencia, además, se describe como una herramienta para modernizar y agilizar gestiones, protocolos y reglamentos, con énfasis en el buen trato dentro de la comunidad educativa, y contempla infraestructura para detectar armas, artefactos incendiarios u otros elementos similares cuando existan antecedentes fundados.
La discusión ya no gira solo en torno a cómo reaccionar ante la violencia, sino a qué modelo puede contenerla. Escuelas Protegidas llega con respuestas punitivas y controles más duros; la evidencia que lo rodea muestra una red escolar presionada por ansiedad, depresión, ciberacoso y denuncias crecientes. Lo que se decidirá ahora es si el sistema escolar avanza hacia más vigilancia o hacia una combinación más amplia de prevención, apoyo y disciplina.
