César A. Rey-Hernández lo resume con una frase que corta de raíz la discusión: no hay manera de correr una escuela alianza sin un compromiso con una misión de cambio social, porque económicamente no tiene sentido. Esa lógica explica por qué la Ley 85-2018, la Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico, no solo cambió el lenguaje de la política educativa: abrió la puerta a las Escuelas Públicas Alianza y al avance de las escuelas charter en el sistema público.
La razón por la que ese debate vuelve hoy es simple. La reforma nació después de la imposición de PROMESA y de la Junta de Supervisión Fiscal en 2016, cuando se empujaron recortes al Departamento de Educación para achicarlo y abaratarlo. Desde entonces, la escuela pública en Puerto Rico quedó atrapada entre la promesa de modernización y el costo social de una reestructuración que todavía pesa sobre estudiantes, maestros y personal no docente.
La ley aprobada como Proyecto de Ley 85-2018 estableció la nueva política pública del gobierno en educación y dio base legal al surgimiento de estas escuelas. Después de la aprobación de la Ley Núm. 85, cientos de planteles fueron cerrados, quedaron abandonados y nunca volvieron a abrir. Ese vacío ayudó a que el modelo creciera en un sistema donde la educación pública pasó a convivir con un esquema que redistribuyó funciones, presupuesto y poder.
Pero ahí aparece la parte que no encaja del todo con la presentación oficial del modelo. Las charter se venden como una reforma de la educación pública, aunque están en manos de entidades privadas y se operan privadamente. La Constitución de Puerto Rico prohíbe el apoyo a escuelas que no sean las del Estado, y aun así el esquema siguió adelante. El resultado, según el análisis citado, fue menos protección laboral y menos rendición de cuentas para los trabajadores de las escuelas públicas alianza, con jornadas más largas, pocos beneficios y menos estabilidad en el empleo.
Ese choque no es menor. También toca al Departamento de Educación, el mayor patrono del gobierno, y a una clase trabajadora que siente cada recorte. Estudios recientes citados en el texto describen estas escuelas como antindicales, productoras de desigualdad y orientadas a una educación de negocio dentro de una ideología neoliberal. En ese marco, la alianza no aparece como una simple opción administrativa, sino como parte de un proceso más amplio de privatización y asimilación de la escuela pública.
Lo que sigue sin resolverse es concreto: no se confirman cuáles escuelas específicas abrirán, dónde estarán ni cuándo comenzarán a operar. Por ahora, lo único cerrado es el marco legal que las hizo posibles. La Ley 85-2018 no solo creó las Escuelas Públicas Alianza; también fijó el punto desde el que Puerto Rico sigue discutiendo quién debe mandar en su escuela pública y a qué costo.
