La investigación del caso Plus Ultra ha colocado a Inteligencia Prospectiva SL en el centro de la supuesta trama de tráfico de influencias por la que ha sido imputado José Luis Rodríguez Zapatero. La UDEF pidió al juez el registro de la sede de la compañía en el paseo de La Habana de Madrid, pero cuando los agentes fueron a la dirección que figuraba en el Registro Mercantil se encontraron con una vivienda unifamiliar en obras.
La escena resumía una sospecha más amplia: detrás de una empresa que existía sobre el papel había un entramado con movimientos de dinero muy superiores a su actividad declarada. Los administradores de Inteligencia Prospectiva son los hermanos venezolanos Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo Amaro Chacón, y la sociedad fue creada en enero de 2020. A partir de ahí, las cuentas registraron entre 2020 y 2025 entradas y salidas por más de 2,66 millones de euros, pese a que la Agencia Tributaria consideró incongruente esa transferencia millonaria con una cifra de negocio nula en 2020 y 2021 y claramente reducida después.
El 25 de febrero, la ONIF incorporó a la causa un informe que reforzó esa línea de investigación. Sus expertos señalaron que la empresa tenía una actividad económica limitada, con ingresos escasos y un volumen muy elevado de gastos por trabajos realizados por terceros y servicios exteriores. En paralelo, las pérdidas entre enero de 2020 y 2025 se elevan a cerca de 850.000 euros, un déficit que fue compensado mediante sucesivas ampliaciones de capital suscritas por los socios por 698.500 euros. La investigación apunta a que ese mecanismo habría servido para camuflar la introducción en España de importantes cantidades de dinero.
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama fue todavía más lejos en su valoración. Describió a Inteligencia Prospectiva como “una sociedad carente de actividad real” y como “una mercantil instrumental para introducir fondos en España”. También señaló que el fin real de la empresa estaba presuntamente orientado a introducir fondos en España procedentes del extranjero y a canalizarlos hacia sociedades vinculadas a la red organizada y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero. Según el magistrado, los ingresos acumulados a lo largo de sus cinco años de existencia son nulos o inferiores a 35.000 euros.
La pieza judicial deja además otra paradoja: la compañía no había solicitado la devolución de cuotas del IVA, pese al volumen de movimientos que reflejan sus cuentas. Ese contraste entre una actividad casi inexistente y un flujo financiero de 2,66 millones de euros es uno de los puntos que sostienen la sospecha de que la empresa funcionó como vehículo para mover fondos, no como negocio operativo. En el mismo frente judicial, la mercantil Whathefav, la empresa de las hijas de Zapatero, sigue bajo la lupa en una investigación que ahora se estrecha sobre quién aportó el dinero, cómo entró en España y a qué sociedades acabó llegando.
