El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero indultó el 25 de noviembre de 2011 a Miguel Ángel Calama, condenado por acusación falsa en un caso que volvió a cruzarse con la actualidad judicial y política por un motivo incómodo: Calama es hermano del juez José Luis Calama, que investiga al expresidente como presunto líder de una red de tráfico de influencias con la que habría obtenido comisiones millonarias, según los datos provisionales del procedimiento.
La medida cerró, sobre el papel, una parte del castigo penal que arrastraba desde 2009, cuando la Audiencia Provincial de Barcelona lo condenó a seis meses de prisión y multa junto con Alfredo Sáenz. La Sala Penal del Tribunal Supremo rebajó después, el 24 de febrero de 2011, la pena privativa de libertad a tres meses de arresto y añadió una suspensión de profesiones u oficios relacionados con cargos públicos o privados vinculados con entidades bancarias durante el tiempo de la condena. El indulto conmutó esas penas de prisión y suspensión profesional por multas.
El origen del caso estaba en una querella por estafa y alzamiento de bienes presentada contra cuatro empresarios a sabiendas de que carecían por completo de responsabilidad, según los hechos probados. Los querellados fueron detenidos y tres de ellos pasaron unos días en la cárcel, en un episodio que el Supremo situó después dentro de una maniobra para presionar por el cobro de deudas de Banesto. Entre los nombres que aparecen en esos hechos figuran Pedro Olabarría, los hermanos Luis Fernando y José Ignacio Romero García y Modesto González Mestre, a quienes Calama vinculó en su relato judicial con la operación.
La pieza venía de mucho antes. En 1992, Miguel Ángel Calama era director regional de Banesto para Cataluña, y cuando el banco fue intervenido por el Banco de España el 28 de diciembre de 1993 Alfredo Sáenz pasó a presidir la entidad. En enero de 1994, la deuda de las sociedades del grupo Harry Walker ascendía a 639,6 millones de pesetas, una cifra que ayuda a explicar la presión con la que se desarrolló el conflicto. Fue en ese contexto cuando la querella acabó en condena y después en indulto.
La tensión no terminó ahí. Una sentencia posterior del Supremo anuló el intento de eliminar las consecuencias administrativas del caso, de modo que la salida penal no borró del todo sus efectos sobre la trayectoria de los condenados. Esa decisión dejó intacto el golpe profesional y mantuvo viva una historia que hoy vuelve a leerse de otra manera por la presencia del juez Calama en una investigación que apunta al expresidente. Para su hermano, el indulto de 2011 no cerró la historia; solo la dejó esperando el momento en que regresara al centro de la escena.
