España entra en otra campaña de incendios forestales con las mismas grietas que dejó el verano pasado. Un informe de CSIF, respaldado por testimonios de bomberos de varias comunidades autónomas, sostiene que las carencias detectadas entonces no fueron un problema puntual, sino estructural.
La alerta llega mientras Pedro Sánchez presentó en la base aérea de Torrejón el despliegue estatal contra el fuego, al que describió como «el más amplio de la historia». Pero, según el propio Gobierno, la pieza decisiva del operativo no depende del Estado: las comunidades autónomas tienen las competencias sobre los servicios forestales y las campañas de prevención, y a la Administración central solo le corresponde coordinar y aportar refuerzos en las situaciones más graves.
CSIF sostiene que el país afronta el inicio del verano con déficits graves de personal, medios técnicos y coordinación administrativa. También acusa a las comunidades de no haber reforzado de forma suficiente sus dispositivos de prevención y extinción pese al aumento del riesgo y al precedente de 2024, cuando el fuego dejó más de 300.000 hectáreas arrasadas, el peor registro de la última década.
El sindicato añade que la falta de planificación preventiva durante el invierno ha dejado amplias zonas forestales sin caminos adecuados, sin cortafuegos, sin puntos de agua y sin infraestructuras básicas de emergencia. Esa ausencia de preparación, sostiene, se repite en buena parte del territorio y explica por qué el problema no se ha corregido tras una campaña especialmente dura.
Donde CSIF ve la situación más preocupante es en Castilla y León. Según su informe, el operativo autonómico está en el mismo punto que el pasado verano, sin refuerzos ni mejoras estructurales. Las bolsas de empleo están caducadas y muchas vacantes podrían cubrirse con personas sin experiencia previa, mientras la parte privada del dispositivo sigue sin reconocer la categoría profesional de bombero forestal. A ello se suma que los procesos de selección se están realizando apenas dos semanas antes del comienzo del periodo de alto riesgo.
En Castilla-La Mancha, la crítica se centra en la elevada temporalidad de la empresa pública Geacam. CSIF señala que la plantilla cuenta con 2.200 trabajadores, pero solo 1.500 mantienen actividad durante todo el año, una proporción que, a su juicio, dificulta la estabilidad del servicio y la preparación continua para la campaña de verano.
El choque entre diagnóstico sindical y respuesta institucional deja una conclusión incómoda: el Estado puede reforzar, pero no sustituir a unas comunidades que siguen siendo responsables de organizar y financiar sus propios servicios forestales. Y, según CSIF, esa responsabilidad no se ha traducido todavía en medios suficientes para evitar que España vuelva a empezar el verano con el mapa de incendios preparado para repetirse.
