El juez José Luis Calama imputó esta semana a José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra y sostuvo que en la causa hay “elementos indiciarios” suficientes para atribuirle, de forma provisional, un presunto delito de tráfico de influencias. En su razonamiento, el magistrado describió además una “trama organizada de ejercicio ilícito de influencias” supuestamente liderada por el expresidente, al que atribuye haber puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en lograr decisiones favorables.
Calama apoyó esa decisión en las comunicaciones intervenidas y en la documentación recabada durante la instrucción. El juez añadió que “concurren los requisitos” para apreciar una “influencia ejercida o simulada”, una orientación hacia la obtención de una resolución administrativa concreta y un nexo funcional entre esa influencia y un beneficio económico. Para el magistrado, el caso se examina “con el grado de provisionalidad propio de esta fase”, lo que sitúa la imputación en el terreno de los indicios y no en el de una conclusión sobre culpabilidad.
La resolución cobra peso porque no se limita a una lectura genérica del expediente. Calama invoca jurisprudencia del Tribunal Supremo para sostener que el tráfico de influencias es un “delito de mera actividad”: basta con intentar influir en un funcionario, sin que sea necesario que la resolución buscada llegue a dictarse. “El delito se consuma con el acto de influir, siendo irrelevante el resultado final de la gestión”, dijo el juez, que también subrayó que la decisión pretendida ni siquiera tiene por qué ser injusta o arbitraria para que exista el delito.
En abril, durante su comparecencia ante una comisión del Senado, Belén Gualda defendió el rescate de Plus Ultra con una afirmación tajante: “Plus Ultra cumplía con los requisitos de elegibilidad. Estaba en un sector estratégico impactado por la pandemia y cuenta con una licencia tipo A”. Esa explicación fue la línea pública del Gobierno para sostener que la ayuda a la aerolínea se tramitó conforme a las exigencias legales y administrativas. Calama, sin embargo, pone ahora el foco en el trasfondo de las gestiones investigadas y en el recorrido de las influencias, no en la validez formal del rescate en sí.
Ahí está la tensión de fondo del caso: el juez dice que el rescate de Plus Ultra cumplió los requisitos legales y administrativos según el Gobierno, pero al mismo tiempo sostiene que pudo existir una operativa ilícita en torno a las gestiones para favorecerlo. El magistrado insiste en que el beneficio solo actúa como circunstancia agravante “si el beneficio llega a materializarse”, una precisión que muestra que su análisis se centra en la conducta investigada y no en un desenlace ya probado. De momento, la imputación de Zapatero no equivale a una declaración de culpa, sino a una valoración judicial de indicios que ahora deberán sostenerse o caer con el avance de la causa.
El siguiente paso será ver cómo encaja esa tesis de una supuesta red de influencias con el resto de la instrucción y con la defensa del rescate público, que sigue amparándose en el cumplimiento de los trámites exigidos. Si la causa avanza en la dirección marcada por Calama, el debate dejará de ser solo si Plus Ultra debía recibir la ayuda y pasará a ser quién movió realmente los hilos para que la recibiera.
