El Consejo de Ministros aprobó este martes el reparto de 2.572 millones de euros entre las comunidades autónomas para políticas activas de empleo, una inyección que se financiará con cargo al presupuesto de 2026 del Servicio Público de Empleo Estatal y que ahora deberá pasar por la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.
Elma Saiz defendió que el objetivo es seguir avanzando hacia un mercado laboral «más inclusivo, más estable y con más oportunidades en todo el territorio». El dinero se orientará a programas de formación, orientación laboral y mejora de la empleabilidad, con atención especial a las personas mayores de 52 años y a los jóvenes.
La mayor parte de los fondos irá a servicios y programas de formación que mejoren la empleabilidad, con 1.424 millones de euros. Otros 440,5 millones se reservarán para programas de formación en el empleo que no se correspondan con certificados de profesionalidad, mientras que 633,6 millones se destinarán a iniciativas de alternancia en el empleo. Además, 73,5 millones quedarán para la modernización de los servicios públicos de empleo.
Cerca del 30% del total, en torno a 743,5 millones de euros, se repartirá en función del grado de cumplimiento de los objetivos fijados en el Plan Anual de Fomento del Empleo Digno 2025, el PAFED 2025. Entre esos criterios figuran la mejora de la empleabilidad, el porcentaje de personas perceptoras de prestaciones atendidas, el esfuerzo dedicado a la formación, la consolidación de las plantillas del personal orientador y el valor obtenido en los Índices de Cumplimiento de Objetivos.
Las comunidades autónomas son las que tienen las competencias en este ámbito, pero la aprobación del Consejo de Ministros no implica todavía la autorización del gasto, que deberá recibir el visto bueno del órgano competente. Ese matiz importa porque convierte una decisión política en una propuesta todavía sujeta a trámite, aunque ya marca la hoja de ruta financiera para el próximo ejercicio.
En un comunicado, Yolanda Díaz calificó la medida de «buena noticia» y señaló que se destinarán 527 millones de euros para abordar los retos de las personas jóvenes y de las mayores de 52 años en desempleo. La vicepresidenta también puso en valor la colaboración con las comunidades autónomas en materia de empleo a través de las políticas activas, una cooperación que, dijo, complementa otras medidas como la reforma laboral o la subida del salario mínimo.
El reparto llega en un momento en que el Gobierno quiere reforzar el lado más práctico del mercado laboral: formar, orientar y recolocar. La pregunta inmediata no es si habrá fondos, porque ya están sobre la mesa, sino cómo se traducirá ese dinero en más empleo y más estabilidad cuando las comunidades empiecen a convertir estas partidas en programas concretos.
