José Luis Rodríguez Zapatero está citado como imputado en la Audiencia Nacional por un presunto delito de blanqueo de capitales en el caso Plus Ultra. La decisión la adoptó el magistrado José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, y llega después de una nueva operación de la UDEF practicada esta mañana.
La imputación coloca por primera vez en la historia de la democracia española a un expresidente del Gobierno bajo investigación en una causa por corrupción. Hasta ahora, las pesquisas policiales de los últimos meses atribuían a Zapatero un papel más amplio en una presunta red de cobro de comisiones ilegales y blanqueo de fondos, con movimientos detectados en el extranjero y bienes inmuebles ocultos a nombre de terceros.
El caso se abrió en la primera fase de las diligencias de Plus Ultra, tramitadas inicialmente en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, y después pasó a la Audiencia Nacional. La investigación apunta a una trama en la que también figuran el abogado Santiago Fernández Lena, el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, el consejero delegado de la aerolínea, Roberto Roselli, y el banquero peruano Luis Felipe Baca.
En el centro de esa red aparece Julio Martínez Martínez, amigo de Zapatero en Elda, detenido en diciembre y señalado como supuesto testaferro. Según la investigación, el dinero habría procedido de empresas españolas que buscaban una vía directa hacia Moncloa y hacia gobiernos de otros países para lograr contratos públicos, ayudas e información privilegiada. Otra parte vendría del saqueo de la petrolera estatal venezolana PDVSA y de un programa de alimentación del chavismo.
La causa también sitúa en el foco los 53 millones de euros de dinero público que el Gobierno de Pedro Sánchez concedió a Plus Ultra en marzo de 2021. Los implicados habrían desviado esos fondos dentro de una operativa más amplia, mientras la UDEF sigue rastreando entradas de dinero y sociedades vinculadas a la trama.
Entre 2020 y 2025, Análisis Relevante SL recibió grandes sumas de empresas privadas por supuestos servicios de consultoría. En ese mismo periodo, Zapatero y sus hijas, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, habrían cobrado al menos 661.000 euros de esa sociedad por trabajos de comunicación en internet y asesoría que no han sido acreditados, según las diligencias policiales.
La investigación añade otro frente: fondos atribuidos a Zapatero detectados en el extranjero y activos inmobiliarios ocultos a nombre de terceros. Con la nueva actuación de la UDEF y la citación como imputado, la pieza de Plus Ultra entra en una fase más comprometedora para el exjefe del Gobierno, porque la causa ya no se limita a una sospecha financiera dispersa, sino a la presunta inserción de su nombre en el núcleo de una red de blanqueo que la policía lleva meses reconstruyendo.
