La Contraloría General de la República suspendió sin goce de remuneraciones al jefe jurídico de Senda, después de concluir que ignoró tres oficios en los que se le pedía informar a los funcionarios de su repartición sobre el inicio de sumarios por haber ido a casinos mientras estaban con licencia médica. La medida deja al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol con un funcionario menos, mientras siga pendiente la entrega de la información requerida.
El caso no se limita a Senda. Los procedimientos sumariales alcanzan a una serie de reparticiones públicas que quedaron bajo revisión tras una detección hecha en agosto de 2025, cuando el órgano contralor estableció que más de 13 mil empleados públicos asistieron a un casino en lugar de guardar el reposo médico autorizado. Desde esa revelación, la investigación derivó en exigencias de reporte para distintas instituciones y en la obligación de informar qué había pasado con cada sumario abierto.
El funcionario suspendido era precisamente quien debía responder esos requerimientos. Según los antecedentes, no dio curso a tres oficios que apuntaban a comunicar el avance de los procedimientos disciplinarios en Senda, pese a que la Contraloría ya había activado una revisión más amplia sobre el uso de licencias médicas por trabajadores del Estado que visitaron casinos durante ese período. La omisión terminó por gatillar una sanción que no era habitual: la Contraloría señaló que recurrió por primera vez en diez años a la facultad de suspender, sin remuneración, a un funcionario que retrasa u omite el cumplimiento de deberes u órdenes.
La resolución establece que la suspensión rige desde la fecha en que fue dictada y se mantendrá vigente hasta que la institución entregue la información pedida por el órgano contralor. Esa entrega, según el propio criterio fijado, puede hacerse a través del Sistema de Inspección de Acciones Derivadas o mediante referencia formal, en conformidad con la normativa vigente. En la práctica, la presión queda puesta sobre Senda para regularizar una respuesta que ya había sido requerida tres veces y que forma parte de un expediente mucho más amplio.
La tensión del caso está en que la Contraloría no solo investiga a quienes salieron a apostar mientras estaban con licencia médica, sino también a las instituciones que debían reaccionar con rapidez frente a esos hechos. La suspensión al jefe jurídico de Senda muestra que el foco no está únicamente en la conducta de los empleados públicos detectados en casinos, sino en la cadena de respuesta interna que debía activar los sumarios y mantener informada a la autoridad fiscalizadora. Con la sanción ya aplicada, la pregunta que queda resuelta es si el órgano contralor estaba dispuesto a usar una herramienta excepcional para forzar el cumplimiento: sí, y la usó.
