Ursula von der Leyen afronta una nueva presión política por el uso de fondos de la Unión Europea para cubrir el déficit de las pensiones españolas, un caso que ya ha encendido las críticas en Bruselas y en varias capitales del norte. El Partido Popular Europeo dijo que sabía que el escándalo había causado irritación dentro del gobierno alemán.
La controversia saltó después de que se publicaran informaciones sobre España y el uso de dinero de los fondos de recuperación para gasto corriente. En 2024, el país recibió 9.000 millones de esos recursos, y este año está previsto que llegue a 24.000 millones, una cifra que en el Parlamento Europeo ya se mira con recelo porque podría reabrir el mismo debate a una escala aún mayor.
La Comisión Europea respondió primero que estaba “revisando la información” tras los reportes iniciales. Después defendió que “es perfectamente posible que un Estado miembro tenga que prefinanciar ciertas inversiones antes de recibir el siguiente desembolso. Del mismo modo, un Estado miembro también puede utilizar la liquidez procedente de los pagos de los fondos de recuperación para cubrir otros gastos”, en el marco de sus “operaciones ordinarias de gestión de tesorería”.
Pero el vicepresidente ejecutivo Raffaele Fitto fue más lejos esta semana al decir que la Comisión sabe que dinero de los fondos de recuperación se utilizó en España para complementar el agujero de las pensiones de 2024. Añadió que ese déficit de pensiones “no es elegible para el uso de estos fondos”. Sobre el argumento de que la liquidez se empleó de forma temporal, Fitto sostuvo que “el uso temporal de la liquidez de estos pagos para un aumento inesperado del presupuesto es temporal y no tiene impacto”.
El choque no llegó de la nada. Alemania y Países Bajos ya habían presionado por más controles cuando se diseñó el mecanismo de recuperación, y el caso español ha sido amplificado por la prensa de los países “frugales” en medio de la discusión sobre el próximo presupuesto comunitario y sobre posibles subidas de las contribuciones de los Estados miembros. El debate se mezcla además con una partida de 8.500 millones destinada a pensiones y prestaciones sociales, que en Bruselas se presenta ahora como ejemplo de hasta dónde puede estirarse la interpretación del gasto permitido.
El episodio deja a Von der Leyen en el centro de una disputa que ya no es solo técnica. Para sus críticos, España convirtió en gasto ordinario una ayuda pensada para reformas e inversiones; para la Comisión, el encaje presupuestario sigue siendo defendible mientras no se altere el destino final de los pagos. En el Parlamento Europeo, tras ver el informe del Tribunal de Cuentas sobre los pagos de 2024, algunos ya esperan que los desembolsos de 2025 provoquen una tormenta todavía mayor.
