La diputada Claudia Mora, de RN, pidió al Gobierno reconsiderar una auditoría externa sobre las finanzas públicas después de que una revisión interna detectara hallazgos que reabrieron el debate sobre el uso de los recursos del Estado. La solicitud se conoció en medio de la discusión por la transparencia fiscal y por la posibilidad de establecer responsabilidades ante eventuales irregularidades.
Mora sostuvo que durante la campaña presidencial el mandatario había planteado la necesidad de una auditoría externa al aparato estatal, pero que esa idea fue descartada luego por razones presupuestarias. Ahora, dijo, la magnitud de los hallazgos, los compromisos financieros pendientes y la falta de claridad sobre el destino de los recursos obligan a dar un paso adicional. “Entendemos que esa decisión fue descartada por razones presupuestarias, pero a la luz de los antecedentes que hoy estamos conociendo, creemos que es indispensable reconsiderarla”, afirmó.
La diputada agregó que una revisión administrativa interna no alcanza cuando se trata de miles de millones de dólares comprometidos y de eventuales irregularidades. “No basta con una revisión administrativa interna cuando estamos hablando de miles de millones de dólares comprometidos y de eventuales irregularidades que podrían comprometer gravemente la responsabilidad fiscal del Estado”, señaló. En su planteamiento, una auditoría externa permitiría determinar posibles responsabilidades políticas, administrativas o legales, y también fijar un precedente sobre cómo debe responder quien administra mal los recursos públicos.
La discusión se originó a partir de los hallazgos detectados en una revisión interna impulsada por José Antonio Kast, lo que llevó a RN a insistir en un escrutinio más profundo sobre las cuentas estatales. En paralelo, el debate vuelve a poner sobre la mesa el control del gasto y el modo en que se cierra cada administración, en un contexto en que el Gobierno también enfrenta otras decisiones de gestión pública, como el llamado de Junaeb a revalidar la tarjeta antes del 31 de mayo de 2026 y el plazo fijado para la Tarjeta Nacional Estudiantil hasta esa misma fecha.
Mora fue más allá y pidió una señal política clara. “Chile necesita una señal clara: la mala administración de los recursos públicos no puede quedar impune ni relativizarse. Tiene que existir un precedente muy concreto de que quienes administran mal el Estado deben responder”, dijo. También sostuvo que una entidad externa y fiable ayudaría a certificar, al término de cada gobierno, en qué condiciones se entrega el mando, para que la nueva administración pueda concentrarse en ejecutar su programa y no en consumir tiempo y recursos humanos revisando a su antecesor.
El punto de fricción está ahí: mientras el Gobierno había descartado antes esa medida por costo, ahora enfrenta una presión política para volver sobre una decisión que, según Mora, ya no puede sostenerse frente a la magnitud de lo detectado. La pregunta que deja el episodio no es si habrá más discusión, sino si La Moneda optará por abrir una auditoría externa o insistirá en que basta la revisión interna para cerrar el caso.
