Un juez federal frenó el viernes el plan para cerrar el Centro Kennedy y ordenó a la administración que no avance con las grandes renovaciones mientras sigue la batalla legal. El mismo fallo concluyó que el nombre de Donald Trump fue añadido ilegalmente al edificio, un golpe directo a la junta que impulsó ambos movimientos.
La decisión de Christopher Cooper llega justo cuando el recinto cultural intentaba preparar una intervención amplia en sus instalaciones, y cuando la disputa por el nombre ya había escalado a los tribunales. Para los lectores que siguen el caso, la pregunta no es solo quién manda en el Centro Kennedy, sino si la junta puede alterar un símbolo nacional sin pasar por el Congreso.
Cooper, juez de distrito en Washington, dijo que la votación del 16 de marzo para cerrar el recinto fue “mal informada y aparentemente predeterminada”. Añadió que los fideicomisarios “podrían haber evaluado la conveniencia del cierre de varias maneras prudentes. Esta no fue una de ellas”. También escribió que la junta se excedió de lo permitido al añadir unilateralmente el nombre de Trump, y que el Congreso fue quien dio nombre al centro, por lo que solo el Congreso puede cambiarlo.
La orden afecta a una institución que durante décadas fue vista como un monumento vivo al presidente John F. Kennedy. Trump instaló una junta que lo nombró presidente, y más tarde su nombre fue colocado en la fachada del edificio. El centro ha seguido funcionando, aunque a un ritmo mucho más lento, mientras se acumulaban las demandas paralelas y la pelea pasaba de la política a los tribunales.
Ahí está la fricción que Cooper tuvo delante: por un lado, el Departamento de Justicia sostuvo que las renovaciones eran de alcance limitado y estaban plenamente dentro de la autoridad de la junta; por el otro, los demandantes temían que el presidente y sus aliados pasaran por alto las normas de preservación diseñadas para mantener la integridad histórica del edificio. La parte de la junta respondió que el tribunal en apelación respaldará su decisión y que el proyecto cuenta con 257 millones de dólares asegurados por Trump y aprobados por el Congreso.
Roma Daravi dijo el viernes que la institución está confiada en que, en apelación, el tribunal respaldará la voluntad de la junta de reconocer las contribuciones históricas del presidente Trump a nuestro centro cultural nacional, y agregó que la decisión sería revisada cuidadosamente. En paralelo, Joyce Beatty, demócrata de Ohio y miembro ex officio de la junta del Centro Kennedy, dijo que estaba “muy temerosa de que veamos lo que ocurrió con el Ala Este y lo que ocurrió con el Jardín de las Rosas” si el recinto se cierra y las obras avanzan sin supervisión.
Cooper celebró audiencias a finales de abril sobre las demandas paralelas: una presentada por organizaciones culturales y de preservación histórica, y otra por Beatty. El juez falló a favor de la solicitud de la legisladora y rechazó la otra impugnación, dejando por ahora detenido el cierre. La próxima fase será la apelación que el Centro Kennedy dice esperar, pero la pregunta central ya quedó planteada: si el Congreso dio el nombre, el tribunal ha dejado claro que cambiarlo por cuenta propia no era una opción.
