El miércoles 20 de mayo, Deosany Vélez Cortés llegó a su puesto junto a la carretera PR-129 en Arecibo para vender frutas, viandas, queso del país y cocos fríos, pero encontró el zinc de su mercancía en el suelo y los estantes dañados. Personas que se identificaron como empleados del DTOP ya estaban desmontando su lugar de trabajo.
“Me volví loco”, dijo Vélez Cortés, al describir el momento en que vio el kiosco deshecho. Según su relato, el personal le exigió que firmara un documento del que no le entregaron copia, y luego la Policía fue llamada tras una discusión. El comerciante aseguró que no recibió notificación previa, ni verbal ni escrita, y que el golpe económico fue inmediato: dijo que perdió más de $4,000. También afirmó que tiene una patente municipal para su negocio.
Vélez Cortés sostuvo que le ordenaron remover su puesto en un plazo de 10 días después de ser notificado, pero insistió en que nunca recibió ese aviso. “Yo llegué y me estaban desmantelando el kiosco. Ellos mismos me lo picaron, me lo desbarataron. Eso me había costado sacrificio y ellos no lo desmantelaron, ellos lo picaron, lo tumbaron al piso, lo desbarataron”, dijo. El lunes, 25 de mayo, agregó que había vuelto a trabajar, aunque relató que las ventas de la semana pasada fueron pérdidas completas porque no pudo operar.
El caso se enmarca en la situación de comerciantes apostados a la orilla de la PR-129 entre Arecibo y Lares, donde varios dicen ver la actuación de las agencias públicas como un abuso. El conflicto no se limita a un solo puesto. Raúl Bonilla, viandero en Lares, dijo que le removieron los carteles con los que promociona su Placita Raúl, cuando todavía le quedaban dos días para que venciera el plazo de salida. Bonilla lleva 12 años vendiendo sus productos y emplea a 4 trabajadores. “Llegaron aquí, me dijeron que tenía que irme, pero no me dijeron por qué”, afirmó.
Bonilla dijo que no piensa moverse y que buscará una respuesta colectiva. “Nos vamos a unir todos los comerciantes para irnos en huelga”, aseguró, y añadió: “Estamos dispuestos a hacer huelga y salir a defender nuestros negocios”. La presión también alcanza a otros puestos de la zona, incluido el Kiosko La Gran Bendición, en Hatillo, cuyo propietario, Luis Antony Villela, recibió una notificación del DTOP desde el 7 de mayo. El cuadro deja a los comerciantes ante una fecha límite y a las agencias públicas bajo la carga de explicar por qué un desalojo se ejecuta sin que, según los afectados, haya una comunicación clara ni una salida acordada.
