Ángel Víctor Torres dijo este miércoles en el Congreso que la incorporación del enclave burgalés de Treviño a Álava es jurídicamente posible, pero advirtió de que cualquier paso de ese tipo debe ajustarse antes a los requisitos fijados por el ordenamiento vigente. En la misma sesión de control al Gobierno, respondió al diputado del PNV Mikel Legarda, que había preguntado si el Ejecutivo autorizaría una consulta a la ciudadanía de Treviño sobre una posible reascripción territorial provincial.
“La respuesta es clara, es jurídicamente posible”, señaló Torres, aunque enseguida matizó que “para que un municipio llegue a una comunidad autónoma es preciso que salga de otra”. El ministro añadió que el proceso requiere el consentimiento de Castilla y León, una posición que vuelve a situar el debate en el terreno de la legalidad y no en el de la mera voluntad política.
La discusión sobre Treviño no es nueva. En Castilla y León, la pretensión de incorporar el enclave a Álava ha sido rechazada históricamente, y el pasado mes de julio la Diputación de Burgos reafirmó que Treviño es “indiscutiblemente burgalés”. También las Juntas Generales de Álava aprobaron una moción decidida a anexionarse Treviño, en una muestra más de que el asunto reaparece de forma periódica cada vez que el Partido Nacionalista Vasco empuja el debate institucional.
El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, se remitió al Estatuto de Autonomía de Castilla y León para explicar el procedimiento que habría que seguir para excluir o sacar de la comunidad a un municipio. Dijo que “está muy claro” y que es “preciso” cumplir ese cauce estatutario, una forma de dejar constancia de que la puerta no está cerrada en abstracto, pero sí sujeta a un trámite exigente.
La tensión política se mantuvo también en la respuesta de Carlos Martínez, que este miércoles defendió que “El Condado de Treviño es parte de Burgos y va a seguir siéndolo”. Añadió: “Pero entiendo que el PNV lo quiera...”, una frase que resume el choque entre la reivindicación alavesa y la defensa burgalesa de un enclave que lleva años convertido en objeto de disputa recurrente. Lo que queda ahora es un escenario en el que el Gobierno admite la posibilidad jurídica, pero ninguna de las partes implicadas ha dado señales de estar dispuesta a mover su posición esencial.
