El Departamento de Justicia de Estados Unidos formalizó el 20 de mayo cargos penales federales contra Raúl Castro, de 94 años, en un caso que lo vincula con la muerte de cuatro personas durante el derribo de dos avionetas de la organización humanitaria Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996. La acusación incluye asesinato, conspiración para matar a estadounidenses y destrucción de las aeronaves.
Raúl Castro no se ha pronunciado públicamente sobre los cargos. Desde Washington, Marco Rubio habló el mismo miércoles en que se hicieron públicos y describió el alcance de la presión sobre la isla con una promesa de que no solo apuntaba “No solo a aliviar la crisis actual, sino también a construir un futuro mejor”.
La acusación llega como un golpe simbólico al castrismo casi al final de la vida de Castro y en medio de una escalada de presión estadounidense sobre Cuba que incluye sanciones, restricciones financieras, presión contra Gaesa, amenazas casi semanales, un cerco petrolero decretado a finales de enero y la visita del director de la CIA a La Habana. En ese mismo contexto, la Unión Eléctrica de Cuba anunció una disponibilidad de 1.300 megavatios frente a una demanda de 2.780, una brecha que ayudaba a explicar los apagones que golpeaban a la población.
La respuesta política en La Habana llegó casi al mismo tiempo. Miguel Díaz-Canel habló desde la capital cubana y dijo que el derribo había servido para “Haber sembrado en los cubanos de entonces un sentimiento antimperialista”, al tiempo que denunció “intervención” e “injerencia yanqui”.
El caso revive una herida abierta desde 1996 y coloca a Washington y La Habana frente a una nueva pulseada en la que la justicia penal, la memoria histórica y la crisis energética de la isla se cruzan en el peor momento posible para el Gobierno cubano.
