El Tribunal Supremo ha anulado este jueves el Registro único estatal de viviendas turísticas y de temporada al considerar que el Gobierno invade competencias al imponer una base centralizada para este tipo de inmuebles. La sentencia, en cambio, mantiene la ventanilla digital única, la obligación de las plataformas de enviar datos y el flujo de información con fines estadísticos.
La resolución da la razón a la Generalitat valenciana, que había recurrido ante el alto tribunal por una invasión de competencias. El Supremo concluye que el Estado no tiene título competencial para crear un registro nacional exhaustivo que se superponga a los registros autonómicos ya existentes en materia de alquiler turístico.
El fallo llega en un momento clave porque el sistema había empezado a aplicarse este verano para tratar de poner orden en un mercado atravesado por el fraude. El Ministerio de Vivienda informó este jueves de que, desde la entrada en vigor de la medida en julio de 2025, el dispositivo ha permitido aflorar más de 110.000 contratos de alquiler ilegales, de los que 26.000 estaban en Andalucía. También aseguró que ya se han inscrito 258.000 viviendas turísticas y 83.000 alquileres de temporada.
La disputa gira en torno al Real Decreto 1312/2024, de 23 de diciembre, que reguló tanto el registro como la ventanilla digital única. Esa arquitectura administrativa nació para controlar anuncios de alquiler ilegal en plataformas como Airbnb y Booking, pero ha terminado chocando con el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas.
La parte que cae es precisamente la que convertía el sistema en un registro nacional centralizado de propiedades. Lo que permanece es la capacidad del Estado para recibir datos a través de la ventanilla digital y la obligación de que las plataformas transmitan información, además del uso estadístico de esos datos. En la práctica, el Supremo avala el mecanismo de control, pero corrige el alcance del Registro único.
El Ministerio de Vivienda aceptó este jueves que, a partir de ahora, serán las comunidades autónomas las que lleven los registros de viviendas turísticas y de temporada. Eso deja en manos de cada administración regional la pieza que el Gobierno pretendía unificar, mientras el Estado conserva la plataforma digital y el acceso a la información que cruza con ella.
La consecuencia inmediata es clara: el intento de centralizar todos los inmuebles en una sola base estatal queda descartado, pero el sistema de supervisión no desaparece. La batalla jurídica sobre quién manda en el registro se cierra por ahora; la de cómo se controla de verdad el alquiler ilegal seguirá librándose en los despachos autonómicos y en las plataformas donde se publican los anuncios.
El Supremo avala parte del sistema estatal de Alquiler Turístico, pero corrige el registro único, y deja intacta la herramienta con la que el Gobierno dice haber sacado a la luz miles de contratos opacos.
El Supremo avala parte del sistema estatal de Alquiler Turístico, pero corrige el registro único
