Joaquín Leguina, presidente del organismo encargado de fiscalizar qué se hace con el dinero público en la Comunidad de Madrid, admitió ayer en una carta a los diputados de la Asamblea que asumir un volumen tan alto de fiscalizaciones es, sencillamente, imposible. También les pidió que las solicitudes se ajusten a las posibilidades reales de trabajo de la Cámara de Cuentas.
Leguina fue más lejos y sostuvo que, para atender todas las peticiones, haría falta aumentar el personal y los recursos. Su mensaje dejó negro sobre blanco el problema de fondo: la Cámara de Cuentas no puede rendir al ritmo que se le exige sin refuerzos materiales, y el choque político quedó servido justo en el órgano que debe vigilar el gasto público de la región.
La reacción de Más Madrid fue inmediata. Manuela Bergerot, portavoz de la formación, interpretó las palabras de Leguina como la prueba de que no entiende cuáles son sus funciones. En una frase especialmente dura, se preguntó si sirve de algo mantener al dirigente con un sueldo público de 125.000 euros al año si, cada vez que tiene que trabajar, se queja ante el presidente de la Asamblea y dice que no puede ejercer sus atribuciones.
Bergerot remató su reproche con una exigencia política directa: que Leguina dimita y deje paso. Más Madrid sostiene que el actual responsable de la Cámara de Cuentas fue colocado en ese sillón para que Isabel Díaz Ayuso hiciera propaganda política con su figura, mientras el órgano mantiene obligaciones que cumplir. En esa línea, el grupo registró una Proposición No de Ley para pedir al Gobierno de Ayuso que dotе a la Cámara de Cuentas de los medios necesarios para ejercer sus funciones de control.
El conflicto gira en torno a cuántos informes de fiscalización debe producir la Cámara de Cuentas sobre el Gobierno autonómico y con qué capacidad real puede hacerlo. Leguina insiste en que necesita más personal y más recursos para responder a esa carga de trabajo. Más Madrid, en cambio, presenta el problema como un fallo del propio presidente del organismo: si no puede o no quiere cumplir con su tarea, dice, debe marcharse.
La consecuencia política más inmediata ya está sobre la mesa. La formación de Bergerot ha abierto dos frentes a la vez: presiona al Ejecutivo regional para reforzar la Cámara de Cuentas y, al mismo tiempo, sitúa a Leguina ante una disyuntiva pública. O asume el mandato para el que fue nombrado, o su continuidad entra en cuestión de forma abierta.
