La Comunidad de Madrid formalizó el 30 de marzo de 2026 un contrato de 36.300 euros con la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid para que un profesor de Derecho Penal revise la causa judicial abierta hace ocho años contra antiguos directivos de Canal de Isabel II. Es el último movimiento de una factura legal y pericial que ya supera los dos millones de euros en el caso vinculado a Triple A de Barranquilla, la empresa colombiana que durante los años de gobierno del PP en Madrid fue presentada como la joya de la corona de la expansión latinoamericana del canal.
Ese desembolso incluye, entre otros contratos, 368.000 euros con Cremades & Calvo Sotelo, algo más de 1,7 millones con Uría Menéndez y 194.000 euros para Philippi Prietocarrizosa Ferrero. Todos los expedientes identificados se tramitaron mediante procedimiento negociado sin publicidad, es decir, sin licitación abierta. La suma no incorpora los informes preparados por Grant Thornton en 2018, por lo que el coste real ligado a esta defensa es todavía mayor.
El origen de la cascada de encargos está en la inversión de Canal de Isabel II en Triple A de Barranquilla, una operación que acabó en la causa Lezo y en la detención del expresidente regional Ignacio González. Ese episodio abrió además investigaciones en seis instituciones colombianas y empujó al canal a presentar en enero de 2023 una reclamación arbitral contra el Estado colombiano ante el CIADI. Desde entonces, la defensa jurídica se ha repartido en varios contratos separados, todos sin concurso público, para sostener una estrategia común en los tribunales y en el arbitraje.
La documentación contractual no explica de forma convincente por qué servicios de Derecho Penal debían adjudicarse por procedimiento negociado sin publicidad, ni justifica de manera sólida el fraccionamiento de los encargos. La ley prohíbe dividir contratos para esquivar los umbrales de transparencia obligatorios, y aun así la defensa del caso se ha ido troceando en sucesivas facturas. Un contrato de extinción de dominio de 2023, además, ya advertía que el adjudicatario debía mantener una defensa coherente y coordinada con las actuaciones previas de la asesoría jurídica de Canal Extensia y CEXA.
La consecuencia es clara: el caso Triple A ya no es solo el relato de una inversión fallida en Colombia, sino también el de una defensa pública prolongada, costosa y fragmentada que sigue añadiendo contratos a una cuenta que no deja de crecer.
