José Luis Rodríguez Zapatero fue citado el martes por la Audiencia Nacional como imputado en el caso Plus Ultra, una decisión que lo coloca en el centro de una causa que investiga presuntos pagos de comisiones ilegales vinculados a la aerolínea. La imputación alcanza a los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad.
La decisión llega después de que el juez José Luis Calama asumiera la competencia del asunto el 3 de marzo, en una investigación que gira en torno al rescate de Plus Ultra durante la pandemia de covid-19. Según las diligencias, Anticorrupción y la UDEF detectaron en 2024 que dinero de ese rescate podría haberse usado para blanquear fondos procedentes de la corrupción en Venezuela.
El golpe judicial tiene una carga política que va más allá del expediente. Zapatero había seguido siendo un apoyo importante del proyecto de Pedro Sánchez después de dejar la presidencia del Gobierno y la dirección del PSOE hace casi quince años. Por eso, que ahora figure como imputado en un caso ligado a una ayuda pública de emergencia y a supuestos pagos irregulares abre una fisura nueva en una trayectoria que hasta hoy había quedado fuera del alcance penal directo.
Enrique Santiago respondió este miércoles con una frase que deja poco espacio a la ambigüedad: “Desde luego, si se han cobrado cantidades por gestiones políticas, eso es un delito, claramente”. El dirigente añadió que “lo primero que es necesario en este país es regular bien todas las actividades de los expresidentes del Gobierno. Esa es una cosa que está clarísima”. Su reacción admite la gravedad del caso, pero al mismo tiempo desplaza el foco hacia un vacío normativo que la política española ha tolerado durante años.
La otra lectura llegó también el miércoles, esta vez desde Águeda Micó, que sostuvo que ya “no está tan claro” que haya habido lawfare contra Zapatero. La observación es relevante porque toca una defensa que hasta ahora había funcionado como refugio político para el exmandatario: la idea de que cualquier movimiento judicial en su contra respondía a una persecución. Con la imputación formal ya sobre la mesa, esa narrativa pierde fuerza y el debate pasa a depender menos de la sospecha y más de lo que el juez pueda acreditar.
El caso Plus Ultra se ha convertido así en algo más que una investigación sobre un rescate concedido en plena emergencia sanitaria. Es, según la información disponible, la primera vez en democracia que un expresidente del Gobierno español es imputado por la justicia. Esa sola circunstancia explica por qué la citación de Zapatero no se leyó como un trámite, sino como un salto histórico en una causa que mezcla dinero público, influencia política y sospechas de corrupción internacional.
Lo que viene ahora es la prueba judicial de fondo. Calama deberá ordenar una instrucción capaz de separar si hubo contactos políticos ilícitos, si existieron pagos vinculados a gestiones de influencia y si el dinero del rescate tuvo realmente el destino que sospechan Anticorrupción y la UDEF. Si esa cadena se sostiene, el caso no sólo dañará a Zapatero: obligará a revisar cómo se controlan los rescates, qué hacen los expresidentes cuando dejan el poder y hasta dónde llega la zona gris entre la política y los negocios.
