La UDEF ha situado a la familia chavista Amaro Chacón como pagadora de presuntas comisiones ilegales a la red de José Luis Rodríguez Zapatero en una investigación que ha acabado con registros en Madrid y con el ex presidente llamado a declarar como imputado el 2 de junio.
El juez José Luis Calama ordenó el registro de Inteligencia Prospectiva SL, Whathefav SL, el despacho de Zapatero en la calle Ferraz y la sede de la constructora Aldesa, en una pieza que da un nuevo giro al caso Plus Ultra y que apunta a movimientos de dinero entre sociedades ligadas a los Amaro Chacón y destinos relacionados con el ex mandatario.
La familia Amaro Chacón está vinculada al negocio de los hidrocarburos y a la estatal Petróleos de Venezuela SA, y la policía sostiene que habría realizado pagos y transferencias a través de Inteligencia Prospectiva SL, administrada solidariamente por Domingo Arnaldo Amarco Chacón y Guillermo Alfredo Amaro Chacón. Esa sociedad tiene su domicilio social en el número 187 de Paseo de la Habana, en Madrid.
La relevancia del caso no está solo en el nombre de Zapatero, sino en la red que la investigación dibuja alrededor de Plus Ultra. Según las fuentes policiales, la familia Amaro Chacón también era cliente de Whathefav SL, descrita como la agencia de marketing de las hijas de Zapatero. En los registros y en la documentación mercantil aparecen, además, otros puntos de conexión: Inteligencia Prospectiva SL cerró 2024 con una cifra de negocio de 34.936,15 euros y un resultado negativo de 316.867,43 euros, y solo consta que tuviera un empleado fijo.
La investigación parte de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por un presunto delito de blanqueo de capitales y por el uso indebido de los 53 millones de euros que Plus Ultra recibió en marzo de 2021 por decisión del Consejo de Ministros. La denuncia se presentó contra siete personas y la Fiscalía apuntó a una supuesta organización criminal asentada en Francia, Suiza y España, con fondos procedentes de malversación cometida por funcionarios públicos en Venezuela y de ventas de oro del Banco de Venezuela.
En ese marco, en diciembre fueron detenidos el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, el CEO Roberto Roselli y el empresario Julio Martínez Martínez. La Audiencia Nacional describió la red como integrada por “personas extranjeras, nacionalizados españoles, y al menos un abogado español” y “dedicada a la realización de actos de blanqueo en los tres países citados”. La Fiscalía también habló de “uso indebido” y de que parte del dinero “se habría utilizado para la devolución de préstamos concedidos a esa sociedad por otras”.
Este martes, Zapatero fue imputado por delitos de tráfico de influencias y otros conexos, y la UDEF lo colocó en el centro de una supuesta cadena de pagos que ahora deberá explicarse ante el juez. El foco de la causa ya no está solo en el rescate de Plus Ultra, sino en si aquella ayuda pública terminó enlazando con una red de sociedades y contactos políticos cuya traza sigue abierta hasta el 2 de junio.
