José Antonio Martín Pallín, abogado, fiscal y magistrado del Tribunal Supremo, ha puesto el juicio del caso Mascarillas en la Sala Segunda del alto tribunal como un ejemplo más de los problemas que generan los aforamientos en España. El proceso, en el que Víctor de Aldama fue juzgado junto con José Luis Ábalos y Koldo García, llegó a una corte que, por competencia del artículo 57 de la LOPJ, terminó asumiendo una causa que vuelve a abrir un debate viejo y difícil de cerrar.
La escena adquirió todavía más peso por lo que ocurrió dentro de la sala. De Aldama sostuvo durante nueve horas una alocución en la que acusó al presidente del Gobierno de ser “el número uno de una organización criminal”. En paralelo, el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, había pedido su puesta en libertad tras un mes y medio en prisión por el caso Hidrocarburos, una causa que investiga un posible fraude de 182 millones de euros a la Hacienda Pública. La secuencia muestra hasta qué punto el nombre de De Aldama ha terminado entrelazado con dos procedimientos de enorme carga política y penal.
El juicio del caso Mascarillas comenzó, además, con una fecha que pesa sobre todo lo que vino después: el Tribunal Supremo notificó que arrancaría el 7 de abril de 2026, casi dos meses y medio después de que José Luis Ábalos renunciara a su acta de diputado el 28 de enero de 2026. Para Martín Pallín, ese dato no es menor. El tribunal acabó juzgando a una persona que ya no estaba aforada desde hacía más de dos meses, un escenario que refuerza, a su juicio, la anomalía de un sistema pensado para proteger cargos y que acaba alterando el recorrido natural de una causa penal.
Su crítica apunta al fondo del problema: los aforamientos, dice, son un privilegio que afecta al principio de igualdad ante la ley. También pueden privar a los participantes en un delito del juez predeterminado por la ley y de una doble instancia. Esa es la tensión que deja este caso: una sala penal del Supremo utilizada para funciones que no son las habituales y para las que, según esta lectura, carece de los medios materiales necesarios.
La discusión no nace con este procedimiento. Ya el acuerdo del Pleno No Jurisdiccional de 2 de diciembre de 2014 intentó ordenar una práctica que seguía generando fricciones. Pero el caso Mascarillas vuelve a poner sobre la mesa una conclusión incómoda: en España, el aforamiento no solo cambia el tribunal que juzga, también puede cambiar el sentido de todo el proceso. Y en esa distorsión, Martín Pallín ve una fórmula que favorece a “privilegiados”.
