Picassent quiere abrir una vía nueva para el acceso a la vivienda sin especulación y ha puesto el foco en el modelo de cesión de uso. La propuesta municipal plantea reservar suelo público durante 75 años para que una cooperativa levante las casas y las gestione entre sus socios, con un proyecto inicial de unas 30 viviendas junto a la estación de tren, sobre un aparcamiento en uso.
La concejala de Urbanismo, Lola Albert, resumió así el esquema: el ayuntamiento cede el suelo, la cooperativa construye y la vivienda la usan los cooperativistas. Esas casas no podrán venderse ni transmitirse, y si un socio abandona el proyecto recuperará su aportación inicial. El estudio previo sitúa la entrada en torno a 30.000 euros y unas cuotas mensuales que no deberían superar los 500 euros, aunque el importe final dependerá del coste total y del número de participantes.
El plan se enmarca en una estrategia más amplia del consistorio para contener el problema habitacional en una localidad de unos 23.000 habitantes. El ayuntamiento dice que trabaja en tres frentes: mantener como públicos los pisos construidos sobre suelo adquirido por el municipio, levantar un edificio de 45 viviendas de alquiler asequible con fondos europeos y promover esta fórmula cooperativa. La intención es que el proyecto se dirija a personas empadronadas en Picassent, un detalle que el gobierno local considera clave para que la medida responda a la demanda del municipio y no se diluya en el mercado general.
Picassent ya había comprado parcelas en mandatos anteriores para intentar atajar la escasez de vivienda. Una de ellas tiene 4.000 metros cuadrados. Ahora, tras anunciar la iniciativa, el consistorio asegura que ha recibido llamadas de personas interesadas, aunque los pliegos para la concesión del suelo siguen sin definirse. Esa falta de concreción marca el punto más delicado del proyecto: la idea está presentada, pero todavía no tiene cerrado el marco administrativo que decidirá quién podrá entrar, en qué condiciones y con qué calendario.
Albert defendió además la apuesta pública por este tipo de suelo y recordó que, como concejala de Urbanismo, ha respaldado la vivienda pública “pública por los siglos de los siglos”, en un país donde, dijo, abundó la vivienda subvencionada que después acabó en el mercado libre y alimentó a los fondos buitre. La referencia no es solo política. Es también una respuesta a la presión que sufren muchas familias, con la demanda llegando a los servicios sociales y los alquileres al alza, un contexto que ayuda a entender por qué Picassent busca una fórmula que saque la vivienda del circuito especulativo.
La propuesta local conecta además con un movimiento más amplio en la Comunitat Valenciana para ensayar alternativas de acceso asequible. Fevecta impulsa el proyecto Prohabitem para hacer realidad la vivienda cooperativa en cesión de uso y ya cuenta con 16 cooperativas federadas comprometidas con ese objetivo. Dentro de ese universo conviven modelos distintos: uno busca evitar la soledad no deseada y favorecer el envejecimiento activo, con una experiencia ya construida en Godella; otro se presenta como alternativa a la compra tradicional, y es el que Picassent quiere poner sobre la mesa. La alcaldesa subrayó que visitaron La Borda en Barcelona para conocer de cerca ese sistema cooperativo.
La clave, en este momento, no es si el modelo existe —porque existe—, sino si el municipio logrará convertirlo en una oferta real para vecinos que hoy no encuentran salida en el mercado. Si Picassent consigue cerrar los pliegos y ordenar la concesión, el proyecto podría convertirse en una referencia local de vivienda no especulativa; si no, quedará como otra promesa bien dibujada sobre el papel.
