Un panel del Circuito de Apelaciones de Boston confirmó el viernes las condenas y sentencias de Ángel Pérez Otero, cerrando por ahora el intento del exalcalde de revertir el caso que lo llevó a prisión. Pérez Otero pedirá una reconsideración de la decisión.
La resolución deja en pie la pena de 63 meses que le impuso el 12 de febrero la jueza federal Aida Delgado Colón, equivalente a 5 años y 3 meses. Pérez Otero está ingresado en una prisión de Alabama y, según el Negociado federal de Prisiones, su condena vencería el 15 de octubre de 2027.
El panel integrado por Gustavo Gelpí, David Barron y Rogeriee Thompson concluyó que las condenas y sentencias debían sostenerse. En su opinión, Barron resumió que Pérez había impugnado el veredicto alegando falta de pruebas suficientes, un defecto en la acusación, una discrepancia perjudicial en la sentencia, instrucciones inapropiadas al jurado y ausencia de protección contra posibles sesgos, además de cuestionar la razonabilidad procesal y sustantiva de sus penas. El tribunal respondió con una frase directa: se confirman las condenas y sentencias de Ángel Pérez-Otero.
El caso se remonta al arresto de Pérez Otero el 9 de diciembre de 2021 y al veredicto del 22 de marzo de 2023, cuando fue declarado culpable de conspiración, soborno y extorsión. La apelación se presentó en febrero de 2024. La Fiscalía federal sostuvo que entre finales de 2018 y el 19 de agosto de 2021 recibió pagos de $5,000 mensuales a cambio de favorecer un contrato para la empresa de construcción Island Builders, vinculado a trabajos viales en el barrio Ríos de Guaynabo.
Ese expediente forma parte de un caso de corrupción pública más amplio relacionado con pagos del empresario Oscar Santamaría a cambio de contratos municipales. Otros exalcaldes y empresarios mencionados en el esquema se declararon culpables ante la corte federal. Pérez Otero fue el único de los acusados descritos que no acogió un acuerdo y fue a juicio, una decisión que ahora lo deja con su condena intacta mientras busca una nueva revisión ante el mismo tribunal que acaba de rechazarlo.
La pregunta inmediata ya no es si su condena resistía revisión, sino si la reconsideración que pedirá logra mover un caso que el panel dio por cerrado con un mensaje inequívoco: las condenas y sentencias quedan en pie.
