Chile, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panama, Paraguay y Peru rechazaron este viernes cualquier acción orientada a desestabilizar el orden democrático en Bolivia, mientras el país cumple diez días de protestas y bloqueos de carreteras que ya han dejado al menos tres personas muertas por no recibir atención médica adecuada.
La declaración conjunta de los ocho países expresó preocupación por la situación y manifestó solidaridad con el Gobierno y el pueblo bolivianos. También pidió a los actores políticos y sociales resolver sus diferencias con diálogo, respeto a las instituciones y preservación de la paz social.
El pronunciamiento llegó en un momento de máxima presión interna para Bolivia. Los bloqueos, encabezados por sectores campesinos y sindicales, han provocado escasez de alimentos, combustible y suministros médicos esenciales, un cuadro que golpea a la población en La Paz y en la vecina ciudad de El Alto. El conflicto se inscribe además en una confrontación más amplia con sectores vinculados a Evo Morales, que gobernó entre 2006 y 2019.
Ese trasfondo explica el tono cada vez más duro del presidente Rodrigo Paz. Este viernes dijo que quienes intenten destruir la democracia “se van a ir a la cárcel” y sostuvo que las protestas forman parte de un plan para desestabilizar a su gobierno. Paz también cuestionó a sectores ligados al expresidente Morales, mientras simpatizantes del exmandatario marchaban hacia La Paz para exigir la renuncia del jefe de Estado.
Morales, por su parte, rechazó las acusaciones del Gobierno de que financia las movilizaciones sociales. La disputa deja a Bolivia en una pulseada abierta entre presión callejera, respuesta institucional y llamados externos a contener la crisis por la vía política. Lo que ocurra en los próximos días dependerá de si esas marchas y bloqueos se traducen en una negociación real o en una nueva escalada.
