La Fiscalía General de la República pidió el bloqueo de las cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza y otras personas implicadas, en una nueva medida ligada a la investigación abierta por la acusación presentada en Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa y nueve funcionarios más. Fuentes de seguridad dijeron a Proceso que el congelamiento forma parte de las diligencias del caso federal.
La solicitud, hecha por el Ministerio Público federal, coloca a Inzunza entre los nombres alcanzados por una ofensiva financiera que ya había tocado a la familia del gobernador. La Unidad de Inteligencia Financiera ordenó por separado el bloqueo de las cuentas de Rubén Rocha, Ricardo Rocha y José de Jesús Rocha Ruiz, los tres hijos del mandatario con licencia, aunque esa medida no formó parte del expediente de la FGR.
El caso avanza mientras la sombra de la acusación del Distrito Sur de Nueva York sigue ampliándose sobre Sinaloa. Washington sostiene que Rocha Moya y otros nueve funcionarios fueron señalados por conspiración para importar narcóticos a Estados Unidos en colaboración con Los Chapitos, y afirma además que el político recibió apoyo del Cártel de Sinaloa para ganar la elección de 2021 a cambio de impunidad y protección para sus operaciones.
En ese mismo entramado apareció Gerardo Mérida Sánchez, general retirado y exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa en el gobierno de Rocha Moya, quien fue detenido en Estados Unidos el 11 de mayo. La acusación sostiene que Mérida Sánchez recibió sobornos de 100,000 dólares al mes para entregar información y brindar protección a Los Chapitos, una pieza que refuerza la versión de que la red investigada no se limitó a figuras políticas, sino que alcanzó también a mandos de seguridad.
La UIF, por su parte, emitió una notificación formal para congelar cuentas como una acción preventiva en el marco de investigaciones internacionales, según Emeequis. Esa decisión dejó claro que el bloqueo a los hijos del gobernador seguía una vía distinta a la de la FGR, aunque ambas medidas nacen del mismo expediente de sospechas que ahora combina dinero, política y presuntos vínculos criminales.
La diferencia importa porque separa dos frentes que corren al mismo tiempo: la investigación penal federal en México y las acciones financieras adoptadas fuera de ese expediente. En los hechos, la FGR ya metió en la mira a Enrique Inzunza y a Rocha Moya dentro de su propia línea de indagación, mientras la UIF actuó sobre los hijos del gobernador con licencia por una ruta paralela. Lo que venga después dependerá de hasta dónde alcance la red que Estados Unidos dice haber descrito, pero hoy el mensaje es que el cerco institucional sobre el caso ya no se limita a un solo nombre ni a una sola oficina.
