Mounir fue detenido por la policía cuando se dirigía al Ayuntamiento para iniciar su trámite de regularización y terminó en el CIE de València. Ya dentro del centro, recibió la notificación de su expulsión, que primero estaba fijada para este jueves y después fue aplazada hasta el 21 de mayo.
Su caso pone rostro a una situación que organizaciones y juristas llevan tiempo denunciando: personas que podrían acogerse a la regularización siguen atrapadas en centros de internamiento o con órdenes de expulsión ya en marcha. Mounir había llegado a España un año antes de los hechos y, según su abogado, cumple los requisitos para regularizarse porque está empadronado, tiene número de la Seguridad Social o contrato de trabajo y carece de antecedentes penales.
La presión no llega en un vacío. El informe Raíces tras los muros, de SJM, acompañó en 2024 a 611 personas y dibuja un patrón que desmiente la idea de que la mayoría de los internados son recién llegados o delincuentes reincidentes. Entre esos 611 casos, el 59,6% llevaba entre uno y siete años en España, el 15,82% más de 15 años, el 13,47% entre siete y 15 años y el 11,11% menos de un año. Además, el 70% no había cometido ningún delito u otra infracción distinta de no tener permiso de residencia.
Iván Lendrino, de la red CIEs No València, sostiene que las medidas para orientar estos casos debieron activarse desde el momento en que comenzó el proceso de regularización. “deberían haberse tomado medidas específicas en estos centros para facilitar que las personas pudieran acceder al trámite”, dijo. También recordó que el Estado sí creó mecanismos en el sistema penitenciario para informar y ayudar a migrantes con procedimientos administrativos, pero que no se ha aplicado nada equivalente en los CIEs.
Para Lendrino, el Ministerio del Interior debería impedir el internamiento de quienes ya tienen arraigo en España o podrían regularizar su situación. En su opinión, muchos internos tienen familias y proyectos laborales, aunque no estén formalizados, y los CIE cortan de raíz esos procesos. “Lo que se echa en falta es una comunicación clara a todos los centros y procedimientos internos que aseguren que las personas identificadas con este perfil puedan acceder a la solicitud. Esto no existe”, afirmó.
La crítica va más allá del caso de Mounir. Lendrino describe los CIE como lugares que interrumpen de lleno la integración y mantienen a las personas en condiciones que se asemejan a una cárcel, con una atención médica muy limitada y sin personal sanitario. Mientras tanto, CIEs No València recuerda que hay vuelos de expulsión todos los jueves desde Madrid hacia Marruecos, con una escala en Canarias, una rutina administrativa que convierte cada aplazamiento en una cuenta atrás para quien sigue dentro.
El caso deja una tensión difícil de esquivar: el mismo sistema que impulsa la regularización de personas con arraigo puede estar manteniendo encerradas a algunas de ellas mientras tramita su salida. Para Mounir, la próxima fecha clave ya está marcada en el calendario: el 21 de mayo.
