El Senado empezará a analizar el PL 5.744/2023 después de su aprobación en la Cámara de Diputados, una propuesta que endurece las penas por homicidio y lesión corporal intencional cometidos contra agentes de seguridad. El texto incluye entre los protegidos a los guardias municipales y a los policías del Poder Legislativo, además de extender la cobertura a familiares, como cónyuges, parejas y parientes hasta el tercer grado.
La propuesta modifica el Código Penal y la Ley de Crímenes Heinous. Si se convierte en ley, la pena para el homicidio calificado pasará de 12 a 30 años a 20 a 40 años de prisión, y la misma agravación alcanzará los delitos cometidos contra esposos o parientes por su vínculo con los profesionales protegidos. La lesión corporal intencional tendrá un aumento de una mitad a dos tercios, mientras que las lesiones gravísimas y la lesión corporal seguida de muerte contra esos funcionarios pasarán a ser consideradas crímenes heinous, categoría para la que no existe amnistía, indulto, conmutación ni libertad bajo fianza y que obliga a comenzar la pena en régimen cerrado.
El debate llega después de que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionara la Ley 15.134/2025, que ya elevó las penas por agresiones y asesinatos contra jueces, fiscales, defensores públicos, abogados públicos y sus familiares. Con ese antecedente, el Congreso ha venido moviéndose para reforzar la protección penal de agentes públicos, una línea que ahora se amplía más allá de la seguridad y toca también a integrantes del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Defensoría Pública, de la Abogacía Pública, a funcionarios judiciales y a agentes de guardia portuaria.
Tras pasar por la Cámara, el PL 5.744/2023 irá a comisiones temáticas del Senado antes de llegar al plenario. Para entrar en vigor, todavía necesita la aprobación de ambas cámaras del Congreso y la firma presidencial. La discusión dirá si el país da otro paso en una política de castigo más duro para ataques dirigidos contra el Estado y sus representantes, una agenda que el Congreso ya venía empujando, como en la iniciativa Senador impulsa Escuelas Protegidas con controles y sanciones en escuelas.
