Cerca de las 03:30 de la madrugada de este jueves, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó a medias el artículo 34 transitorio ingresado por el gobierno en su megarreforma. La norma abre la puerta a convenios de pago para deudores del CAE con garantía estatal ya ejecutada, pero dejó fuera la condonación total del saldo remanente que el Ejecutivo todavía busca reponer en la Sala.
La decisión permite que la Tesorería General de la República otorgue, por 90 días desde la publicación de la ley en el Diario Oficial, acuerdos de pago a quienes cargan con deuda del Crédito con Aval del Estado. Esos convenios tendrán un máximo de 48 cuotas y se convertirán a pesos según el valor de la Unidad Tributaria Mensual de ese momento, sin reajustes ni interés, una fórmula que apunta a ordenar el cobro sin seguir encareciendo la obligación.
El peso fiscal de la medida es lo que explica la premura. Según fuentes del gobierno, el convenio blando permitiría recuperar cerca de 206 millones de dólares. La proyección oficial parte de una base de 556 mil personas con garantía estatal hecha efectiva antes de este jueves y considera que el grueso de ese universo, unos 350 mil individuos, gana menos de 1,5 millones de pesos mensuales brutos.
La propuesta no trata igual a todos. Para quienes ganen menos de 1 millón de pesos mensuales brutos, el pie sería de mínimo 1 UTM, equivalente a $71.506. En el tramo entre 1 y 2 millones de pesos brutos, el pie sería de 1 millón de pesos o el 10% de la deuda total, optándose por el monto menor. Para quienes ganen entre 2 y 5 millones de pesos brutos, el pie sería de 1,5 millones de pesos o el 10% de su deuda, también con preferencia por la cifra más baja.
Las cuotas mensuales siguen la misma lógica. Quienes ganen menos de 1 millón de pesos brutos pagarían una UTM al mes. En el tramo entre 1 y 2 millones de pesos brutos, la cuota sería el 10% del ingreso mensual hasta saldar la deuda, con un tope de 48 cuotas. Para ingresos entre 2 y 5 millones de pesos brutos, la cuota mensual sería el 10% del ingreso. En un ejemplo de esa escala, un deudor con 8 millones de pesos brutos mensuales pagaría $800.000, mientras que otro con 12 millones de pesos brutos debería desembolsar $1.200.000 al mes.
El punto que trabó la negociación fue la condonación. La comisión rechazó los incisos que permitían a la misma Tesorería condonar hasta el 100% del saldo remanente una vez cumplido el convenio de pago. Esa parte era el corazón político de la propuesta, porque buscaba no solo ordenar la cobranza, sino también cerrar la deuda para una parte de los morosos. El gobierno, sin embargo, no ha abandonado del todo esa idea y estudia fórmulas para reponerla en la discusión en Sala.
El artículo 34 transitorio quedó así aprobado a medias: con un mecanismo de pago acotado, pero sin la rebaja total que el Ejecutivo había intentado instalar en esta etapa. Si la megarreforma y esta norma logran salir adelante este año, el gobierno calcula que la recuperación total podría llegar a 400 millones de dólares al sumar estos convenios con las acciones de cobro que ya ejecuta la Tesorería. Por ahora, el debate se mueve entre la urgencia por recaudar y la presión por aliviar una deuda que sigue marcando a cientos de miles de personas.
