Las compañías telefónicas comenzaron en 2026 a implementar un nuevo sistema obligatorio para registrar cada línea móvil con una identidad oficial, en un retorno regulatorio que revive una discusión que la Suprema Corte cerró hace cuatro años. La medida vuelve a colocar en el centro el padrón nacional de usuarios de telefonía móvil, aunque ahora sin huellas, rostro ni iris.
El esquema fue presentado como una herramienta para combatir la extorsión, el fraude y el uso ilegal de tarjetas SIM. Mantiene la obligación de identificar al titular de cada línea, pero solo pide documentos oficiales para validar esa identidad, una diferencia clave frente al intento anterior de concentrar datos biométricos de todos los usuarios de telefonía móvil en México.
La relevancia de este cambio está en el antecedente judicial que lo marcó. En abril de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el antiguo Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 82/2021. El tribunal concluyó que la medida biométrica vulneraba derechos constitucionales ligados a la privacidad y a la protección de datos personales.
Ese fallo dejó una línea clara: ninguna autoridad puede exigir datos biométricos para contratar o conservar una línea telefónica en México. El nuevo registro, por diseño, intenta permanecer dentro de ese límite. No pide huellas digitales, reconocimiento facial ni escaneos de iris, y se apoya únicamente en documentos oficiales para acreditar quién está detrás de cada número.
La diferencia no es menor. El padrón original fue concebido como una base nacional con información biométrica de todos los usuarios móviles del país, con el objetivo oficial de reducir delitos vinculados con llamadas anónimas, sobre todo la extorsión telefónica. Pero también cargó con el costo de intentar centralizar datos altamente sensibles de millones de personas, algo que terminó por derrumbarlo en la Corte.
Ahora el sistema opera bajo tres ej... y la apuesta institucional es otra: identificar sin biometría. Ese giro le quita una de las partes más controvertidas al modelo anterior, aunque no elimina la fricción de fondo entre seguridad pública y control de datos personales. El país vuelve a registrar líneas, pero lo hace después de haber perdido, en los tribunales, el intento de registrar cuerpos.
