Cerca de las 03:30 de la madrugada de este jueves, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó a medias el artículo 34 transitorio ingresado por el gobierno a su proyecto de megarreforma. La norma habilita a la Tesorería General de la República, por 90 días desde publicada la ley en el Diario Oficial, a ofrecer convenios de pago a deudores del CAE a quienes ya se les hizo efectiva la garantía estatal.

El punto más concreto es que esos convenios tendrán un tope de 48 cuotas y se convertirán a pesos según el valor de la Unidad Tributaria Mensual de esa fecha, sin reajustes ni intereses. Para quienes ganen menos de 1 millón de pesos mensuales brutos, el pie mínimo será de 1 UTM, es decir, $71.506, y las cuotas quedarán en 1 UTM. Para los ingresos entre 1 y 2 millones de pesos mensuales brutos, el pie será de 1 millón de pesos o el 10% de la deuda total, lo que sea menor, y la cuota mensual equivaldrá al 10% del ingreso. En ese tramo, una deuda de 8 millones de pesos dejaría un pago inicial de $800.000; si la deuda fuera de 12 millones de pesos, el pie sería de $1.200.000.

El esquema también contempla a quienes ganen entre 2 y 5 millones de pesos brutos mensuales, con un pie de 1,5 millones de pesos o el 10% de la deuda, optándose por la cifra más baja, y cuotas de 10% del ingreso mensual hasta saldar el saldo. La comisión rechazó, sin embargo, los incisos que permitían a la Tesorería General de la República condonar hasta el 100% del remanente una vez cumplido el convenio. Esa parte no quedó muerta del todo: el gobierno no la ha descartado y explora alternativas para reponerla en Sala.

La discusión no es menor porque apunta al universo de personas con garantía estatal ejecutada, que hoy llega a 556 mil. Según diversas fuentes del gobierno, el convenio blando podría recuperar cerca de 206 millones de dólares, mientras que el grueso de esos deudores —350 mil individuos— gana menos de 1,5 millones de pesos mensuales. Para el Ejecutivo, el objetivo es ampliar la base de personas que regularice su situación sin renunciar a la recaudación.

El contraste está en que la comisión avanzó con una fórmula de pago, pero no con la condonación que le daba sentido político a la medida. Ese vacío dejó abierta la negociación más difícil: cuánto alivio está dispuesto a conceder el gobierno y hasta dónde se moverán los votos en la Sala cuando la megarreforma vuelva a discutirse.

Si el proyecto y este artículo se aprueban este año, el Ejecutivo calcula una recuperación total de 400 millones de dólares al sumar estas cuotas con las acciones de cobro más agresivas que ya ejecuta la Tesorería. Para miles de deudores del CAE, lo que se definió esta madrugada no es el cierre del caso, sino el inicio de una ventana breve para ordenar la deuda antes de que la ley deje de estar abierta.