La Mesa del Congreso aprobó este miércoles la 69ª prórroga del plazo para registrar enmiendas al proyecto de ley que reconoce como profesión de riesgo a miembros de la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera. El nuevo límite para presentar cambios en la web de la Cámara queda fijado en el 20 de mayo, cuando el plazo original venció el 3 de septiembre de 2024.
La decisión mantiene viva una tramitación que lleva meses encallada y que, de salir adelante, abriría la puerta a una jubilación anticipada desde los 60 años, o desde los 59 en los casos con 35 años o más de actividad efectiva en esos cuerpos. Los cuatro representantes del PP en la Mesa rechazaron la prórroga, en una jornada marcada además por la presión política que dejaron dos muertes de guardias civiles en Huelva.
Los agentes fallecieron el viernes durante una operación antidroga, cuando sus embarcaciones colisionaron en una maniobra evasiva de los delincuentes. El sábado se celebró el funeral de los miembros del Instituto Armado, y el caso volvió a ocupar el debate público después de que María Jesús Montero llamara el lunes a esas muertes un “accidente laboral” durante un debate en Canal Sur. La ministra rectificó el martes en redes sociales y describió lo ocurrido como una “muerte en acto de servicio”.
Ese giro no apagó la polémica. Alicia García criticó el martes en el Senado el retraso de la ley y habló de un “secuestro” del texto, al tiempo que reprochó al Gobierno haber tardado demasiado en mover una norma que afecta a policías, guardias civiles y funcionarios de Vigilancia Aduanera. La dirigente del PP también vinculó la respuesta política al uso de expresiones como “un accidente laboral” y “asesinatos”, en una discusión que se ha endurecido al compás de los hechos de Huelva.
La tramitación arrastra un historial de aplazamientos. El proyecto llega del Senado y ha sido pospuesto una y otra vez en el Congreso hasta acumular 69 prórrogas, una práctica que la oposición lleva tiempo denunciando. No es un precedente menor: el Tribunal Constitucional avaló recientemente a los diputados del PP que impugnaron 71 prórrogas injustificadas en la legislatura anterior, un fallo que da más peso a las quejas actuales sobre el uso repetido de esta herramienta parlamentaria.
El punto de choque ahora es evidente. Mientras el Congreso compra más tiempo para las enmiendas, la presión social y política en torno a los guardias civiles muertos en Huelva empuja en la dirección contraria. La nueva fecha, el 20 de mayo, no resuelve el fondo del asunto: solo confirma que una ley pensada para reconocer el riesgo de estos cuerpos sigue atrapada en el calendario parlamentario cuando el debate ya se ha vuelto urgente.
