El PP ha registrado en el Congreso una petición para que la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas tramite con urgencia el supuesto desvío de fondos europeos para pagar pensiones en 2024. Cuca Gamarra y Alberto Nadal explicaron este jueves la iniciativa, que arranca el 21 de mayo y con la que los populares quieren forzar por primera vez un pronunciamiento de Congreso y Senado contra la Cuenta General.
La ofensiva llega justo después de la publicación del informe del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución de los presupuestos de 2024, un año en el que las cuentas del Estado siguieron prorrogadas porque el Gobierno no consiguió aprobar unas nuevas. Esa prórroga terminó derivando en modificaciones por 52.341 millones de euros, y el PP sitúa ahí el origen de una operación que considera incompatible con las reglas europeas.
El órgano fiscalizador dejó por escrito que la insuficiencia de crédito presupuestario para atender compromisos ineludibles de pensiones de clases pasivas y complementos de pensiones mínimas motivó que en noviembre de 2024 se autorizaran dos modificaciones por 2.389,4 millones de euros. Esas dos operaciones se financiaron a costa de fondos europeos. El Gobierno defendió entonces que no comprometían el cumplimiento de las reglas de esos recursos, pero el Tribunal de Cuentas reprochó que se actuara bajo fundamentos jurídicos que deberían haber quedado mejor justificados.
Para los populares, ese informe cambia el terreno del debate. La dirección del grupo sostiene que la ausencia de presupuestos nuevos desde 2023 ha dejado sin papel real a Congreso y Senado en materia presupuestaria y que la Cuenta General —el documento que registra cada año la ejecución del presupuesto del Estado y que revisa el Tribunal de Cuentas— debe recibir ahora un rechazo formal. Gamarra, al presentar la iniciativa, habló de desvío y vinculó ese reproche a la forma en que se usaron los fondos de recuperación para cubrir obligaciones corrientes.
El movimiento del PP también busca aprovechar el eco de Bruselas. Raffaele Fitto dijo ayer que la Comisión Europea está analizando el informe español del Tribunal de Cuentas y recordó que estos trasvases temporales pueden utilizarse como una fuente de liquidez para cubrir otros gastos presupuestarios como las pensiones, aunque para el pago de pensiones y otras formas de gasto corriente no son elegibles. Esa observación, que el PP cita como respaldo a sus dudas, encaja con el núcleo de su denuncia: si se usaron recursos europeos para tapar un agujero de liquidez, el Ejecutivo habría cruzado una línea que no debía cruzar.
La Comisión Mixta, donde el PP tiene mayoría absoluta, empezará a tramitar la petición en la sesión del 21 de mayo. Los populares prevén llamar a la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, para que aporte sus consideraciones y luego redactar resoluciones críticas sobre el presupuesto de 2024 para llevarlas al pleno del Congreso y del Senado. La pregunta de fondo ya no es si el informe ha abierto un frente político, sino si ese frente terminará convirtiéndose en un reproche formal de las Cortes al uso de fondos europeos para pagar pensiones.
