La Comisión de Economía del Senado escuchó el 2 de junio de 2026 al director del SII, Jorge Trujillo, explicar cómo la Resolución Exenta N°69 abre un sistema para cobrar IVA a apuestas online, juegos de azar, casinos y otros servicios digitales relacionados. La decisión impacta a proveedores sin domicilio ni residencia en Chile, que ahora pueden quedar dentro del mecanismo de recaudación del servicio.
La discusión se instaló justo cuando el tema volvió a circular con fuerza en el Congreso y en la búsqueda pública de datos sobre Directv y otros servicios digitales, en medio de dudas sobre hasta dónde llega la facultad del fisco. Para los senadores, lo que estaba sobre la mesa no era una simple regla de cobro, sino el efecto práctico de una medida que toca una actividad todavía discutida en Chile.
Trujillo defendió que la resolución “establece la habilitación para que estas actividades que han sido realizadas, puedan cumplir con el IVA adeudado” y sostuvo que al SII no le corresponde pronunciarse sobre la licitud, sino aplicar las normas para los cobros. También afirmó que el servicio tiene antecedentes de que casinos y apuestas en línea han podido operar y que la legislación no distingue entre actividades lícitas e ilícitas para efectos tributarios.
Ese punto fue el que trabó la comisión. Gastón Saavedra, Diego Ibáñez y Ricardo Celis dijeron que la actividad ya fue declarada ilegal por la Corte Suprema y que una iniciativa legal para regular las plataformas sigue en trámite. Con ese telón de fondo, cuestionaron si el SII estaba, en la práctica, legitimando una actividad ilícita al habilitar un sistema de pago para ella.
La diferencia no es menor. Desde el punto de vista del SII, la resolución sólo ordena la recaudación del IVA que corresponde; para los senadores, en cambio, abrir la puerta al cobro puede terminar enviando una señal de normalidad sobre un negocio que sigue en disputa jurídica. Esa fricción quedó expuesta en una sesión en la que nadie discutió la existencia del impuesto, sino el alcance político y legal de usarlo sobre una actividad que el Parlamento todavía intenta regular.
La comisión acordó enviar una carta oficial a la Corte Suprema y convocar a una futura sesión al ministro de Hacienda y a la Superintendencia de Casinos. El siguiente paso será ver si el máximo tribunal responde al oficio y si, al mismo tiempo, el Gobierno y el regulador aclaran si el cobro fiscal puede seguir avanzando mientras sigue abierta la discusión sobre la legalidad de las apuestas online.
