El Gobierno defendió este lunes la cobranza de deudas del CAE, incluida la retención de fondos en cuentas corrientes, y abrió la puerta a revisar situaciones de personas con ingresos bajo $3,5 millones de pesos tras las críticas por embargos que alcanzaron a deudores fuera del grupo priorizado.
La controversia llegó al comité político ampliado de La Moneda, donde dirigentes oficialistas plantearon su preocupación por testimonios de personas que denunciaron retenciones y embargos de fondos en sus cuentas bancarias. La molestia se alimentó durante el fin de semana, cuando circularon videos y relatos de afectados que dijeron haber sido sorprendidos por el cobro forzoso de la Tesorería General de la República.
La estrategia, según el propio Ejecutivo, se había concentrado en deudores con rentas superiores a $5 millones mensuales que, pese a haber sido notificados, no regularizaron su situación mediante un convenio de pago. En esa línea, Guillermo Ramírez planteó que si el Gobierno anuncia a quién va a cobrar, debe hacerlo con mayor prolijidad, mientras Diego Schalper pidió prudencia en la aplicación de las atribuciones de la Tesorería.
Jorge Quiroz fue más lejos y dijo que, si aparecen personas que ganan bajo los $3,5 millones, conversará con Tesorería para buscarles una solución distinta. También reiteró que el objetivo es que la gente se acerque y reprograme, con facilidades, plazos y comprensión, aunque remarcó que las deudas se pagan.
La presión política se mezcló con el testimonio de un hombre no identificado que difundió un video en redes sociales y aseguró que la Tesorería General de la República le retiró la totalidad de los recursos que tenía en su cuenta corriente. Dijo que fue a preguntar a la institución y le respondieron que no había forma de devolverle ese dinero, que sería descontado de su deuda total con el Estado.
“Al ver eso, obviamente entré en colapso, fui a la Tesorería y me dijeron que no hay manera de que me devuelvan esa plata”, afirmó. Luego añadió que tiene un hijo de un año y que la noticia lo devastó. Ese caso concentra el choque que hoy enfrenta al Gobierno: una cobranza que dice haber apuntado a deudores de mayor renta, pero que terminó bajo sospecha por embargos que habrían caído también sobre personas no contempladas en el diseño inicial. Quiroz dijo que revisará los casos bajo $3,5 millones, pero por ahora sigue abierto el punto central: cuántos afectados quedaron fuera del grupo que la autoridad dijo haber priorizado.
