Diputados del Partido Republicano y del Partido Nacional Libertario ingresaron esta semana una acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, un libelo que lo acusa de haber incumplido deberes constitucionales y legales durante su gestión. La ofensiva llega ahora a la Cámara de Diputadas y Diputados, donde la oposición busca reunir los votos que le permitan seguir camino al Senado.
La iniciativa se apoya en cuestionamientos a las proyecciones fiscales y en observaciones del Consejo Fiscal Autónomo. Por eso la búsqueda sobre Diego Schalper y el libelo contra Grau se instaló en el centro del debate político: no se trata solo de una disputa por la gestión de Hacienda, sino de una señal sobre hasta dónde puede estirarse esta herramienta cuando el clima político se tensa.
El Frente Amplio salió a frenar la jugada y llamó a rechazar la acusación en la Cámara. Gael Yeomans dijo que el texto puede transformarse en un precedente que golpee a futuras autoridades y advirtió que el mismo argumento podría usarse mañana contra el ministro Quiroz si aparecen errores en las cifras de crecimiento económico o en el manejo de la deuda fiscal. Su mensaje fue también político: pidió sentido común, sensatez y que la derecha deje de perder tiempo para concentrarse en la seguridad.
La discusión, sin embargo, no se agota en el intercambio de reproches. Rodrigo Pérez de Arce sostuvo que los argumentos del libelo son reproches políticos válidos, pero no suficientes para justificar una acusación constitucional. Para él, la figura se ha convertido en un terreno de disputa política y no en un juicio sobre si un ministro cayó mejor o peor a sus adversarios, una distinción que deja al descubierto la fragilidad jurídica del texto.
Si el Partido de la Gente termina respaldando la iniciativa, la acusación podría reunir los votos necesarios para avanzar al Senado. Si no los consigue, quedará como una advertencia sobre el uso expansivo de una herramienta que, en este caso, ya abrió una pelea que puede marcar el estándar con que se juzgue a futuras autoridades.
