La ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, informó este lunes que el Gobierno avanza con apoyo de la PDI en la judicialización de los beneficiarios de Becas Chile que incumplieron sus obligaciones. En su comparecencia ante la Comisión de Ciencia de la Cámara de Diputados, se comprometió además a entregar una auditoría detallada en menos de dos semanas.
El anuncio pone en marcha una ofensiva de cobro sobre un programa que, según el informe presentado, dejó a 1.800 beneficiarios con deudas asociadas por $100.000 millones. Lincolao dijo que la PDI está colaborando para ubicar a quienes no han podido ser contactados y cuyo paradero incluso podría ser desconocido fuera de Chile, mientras su cartera ya realiza llamados para que retornen al país o devuelvan los recursos.
La urgencia del caso se explica por la magnitud de la revisión interna: la auditoría del Ministerio de Ciencia reunió más de 2 millones de datos de 12 mil becas entregadas entre 2008 y 2025. El estudio concluyó que el 70% de los beneficiarios no acreditó su retorno a Chile al terminar sus estudios, una señal de incumplimiento que el Gobierno ahora quiere convertir en cobro efectivo.
Pero el cuadro no es tan uniforme como sugiere la arremetida oficial. Mientras Lincolao habla de una deuda de $100.000 millones y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, elevó el alcance a más de 100 millones de dólares, un análisis de la Biblioteca del Congreso Nacional citado en el debate estimó en 1,4% la proporción de becarios que incumplieron en el período revisado. En junio del año pasado, ese mismo estudio había usado datos de ANID para advertir una brecha mucho más acotada, lo que explica por qué el Gobierno ahora apura una auditoría más fina y evalúa incluso publicar un listado con los becarios que no cumplieron.
En el sitio web de ANID ya existe una nómina con el estado de cumplimiento de los beneficiarios, pero la definición de cuántos casos terminarán en cobranza judicial sigue abierta. Lincolao dejó claro que su cartera tomará medidas contra quienes no honraron los acuerdos, y la entrega del informe al Congreso en menos de dos semanas será el primer paso para saber si el Estado logra ubicar a los deudores, recuperar recursos y cerrar un problema que lleva años acumulándose desde el inicio del programa en 2008.
